Ayer, como todos los años, el Gobierno anunció un decreto supremo que instruye un alza del 9% en el salario mínimo y de 6% para el haber básico. Se trata de un ladrillo más en la construcción de mejores condiciones para la clase trabajadora. Sin embargo, diversos estudios muestran que los beneficiados por este tipo de medidas son apenas tres de cada diez trabajadores.
En efecto, según el más reciente Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los 10.027.254 habitantes que hay en el país, unos 6 millones están insertos en el ámbito laboral; de esta última cifra, solo el 30% accede a un seguro de salud y aporta a una administradora de fondos de pensiones (AFP) para jubilarse; el restante 70% está desprotegido.
De acuerdo con los autores del citado informe, ese 70% de trabajadores que no acceden a los beneficios del incremento salarial están insertos en la economía a través del cuentapropismo o laboran como comerciantes, artesanos, agricultores y personal de microempresas, que tienen hasta cuatro trabajadores. Al respecto, el coordinador del informe del PNUD explicó que estos trabajadores obtienen más ingresos en los rubros mencionados, aunque sus condiciones laborales continúan siendo precarias.
Asimismo, el investigador agregó que “los jóvenes están enfrentando condiciones particularmente difíciles, tanto en lo educativo como en lo laboral; ellos no pueden acceder a un trabajo acorde. El primer empleo para los que buscan insertarse no es el mejor, pues acceden a espacios de baja calidad y remuneración”. En el caso de los asalariados, dijo, al menos el 30% tiene contratos precarios.
Otras fuentes de datos laborales señalan que la situación podría ser aún peor de lo que muestra el informe del PNUD. De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la desprotección social en Bolivia estaría bordeando el 78 u 80% de la población ocupada urbana, eso sin contar con los trabajadores del campo. Asimismo, el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras, de la Universidad EAFIT (antes Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico) de Argentina, presentó el año pasado un estudio realizado en 96 países donde Bolivia aparece como la nación con mayor cantidad de trabajadores en el sector informal en Sudamérica.
La solución, tanto para los especialistas en materia laboral como para los dirigentes de los trabajadores, está en que el Estado favorezca la creación de empleos formales, a través de grandes empresas y fábricas públicas, a decir de la dirigencia de la COB. El reto es enorme, y se actualiza año tras año ante la evidencia de que las conquistas laborales aún no favorecen a toda la población, que sigue esperando del Gobierno más medidas que ayuden a erradicar el trabajo informal.
