Causa indignación la poca sensibilidad mostrada por el Gobierno respecto a las personas con discapacidad. Provoca náusea escuchar los discursos y la propaganda que arguye que el Estado hace mucho para ellos. Incluso presentan la imagen de una persona con discapacidad diciendo que vive muy feliz gracias al presidente Evo, como si su felicidad pudiese depender del Mandatario.
Cabe recordar que la cohesión de una sociedad, condición necesaria para su progreso, se basa en la Justicia, la solidaridad y la cooperación. Las personas libremente hacen parte de una sociedad en la medida en que los beneficios del desarrollo sean equitativamente distribuidos, que haya igualdad de oportunidades, que la sociedad les ayude en caso de necesidad, y que a través de mecanismos corporativos se logre producir bienes tangibles e intangibles en mayor cantidad o calidad que haciéndolo individualmente. Si la gente percibe que no hay esas condiciones, prefiere migrar hacia otras latitudes. Quizás por ello unos 4 millones de compatriotas se fueron a buscar mejor destino en otras latitudes. En esas condiciones, si no pueden migrar, no participan en el esfuerzo común para lograr el progreso y superar la pobreza.
Los miembros del Gobierno no parecen entender esto. Destinan una parte importante de los beneficios del boom económico a rubros innecesarios, como la construcción de dos palacios, un museo en Orinoca, un avión presidencial, armas para las Fuerzas Armadas, autos y vagonetas de lujo, etc.; y realizan inversiones con beneficios poco claros y que en todo caso no ayudarán a los pobres, por ejemplo la central nuclear de El Alto. El Ejecutivo se conduce como un régimen neoliberal incluso en el lenguaje.
Molesta que el Gobierno preste tan poca atención al problema de las personas con discapacidad. Intenta doblegarlos, no busca alguna solución más allá del “no”. Entre las propuestas que se les puede hacer están: a) hacer una clasificación por grado de discapacidad; b) a los que pueden trabajar, ofrecer dar cumplimiento estricto a la norma que obliga al sector público (Gobierno central, gobernaciones, alcaldías, empresas) a contratarlos hasta llegar al 4% de su nómina; c) abandonar proyectos fantasiosos canalizando los recursos que les eran destinados hacia obras sociales; d) introducir un impuesto a las utilidades de los bancos para financiar una renta para aquellos cuya discapacidad les impide trabajar; e) proveer sillas de rueda, muletas, etc. para los que lo necesiten; f) garantizar servicios médicos y de asistencia familiar para todos ellos. Puede haber otras propuestas, lo importante es interesarse en dar solución a este problema.
Simultáneamente, el país debe preguntarse por qué hay tantas personas con discapacidad (5,4 por mil). Mirando al futuro, es necesario adoptar políticas de prevención y compensación cuando ya no es posible evitar un daño. Se requiere tomar medidas para evitar los accidentes de tránsito y los accidentes laborales. Hay normas al respecto que no se respetan o se respetan en forma arbitraria. Por ejemplo, cuando hay un accidente en el sector construcción, se calma el reclamo de víctimas y familiares con unos cuantos billetes. Lo mismo en materia de accidentes de tránsito.
Urge imponer el seguro obligatorio por accidentes laborales y un seguro que cubra todos los gastos futuros de las víctimas de accidentes de tránsito. Por otra parte, se debe aumentar el presupuesto del sector salud y mejorar la eficiencia de sus servicios. Finalmente, el Gobierno debe evitar discursos y propaganda ofensiva contra las personas con discapacidad.
