Cada vez suman más las voces que se manifiestan en contra del uso de dinamita en las manifestaciones sociales, práctica aprobada el 1 de mayo a través de un decreto supremo. Por caso, además de autoridades municipales que temen la destrucción del ornato público, varios gremiales de la sede de gobierno señalaron a este diario que el uso de explosivos durante las protestas no solo ahuyenta a los transeúntes, afectando en este sentido su economía que muchas veces depende de la venta del día, sino que además pone en riesgo su salud y la de sus hijos, quienes permanecen cerca de sus puestos de venta cuando los acompañan; preocupación compartida por los ciudadanos comunes y silvestres.
Por otro lado, especialistas jurídicos han alertado que esta medida va en contra de varios artículos de la Constitución Política del Estado, del Código Penal y de la Ley de Armas, que en su artículo 15 prohíbe “la tenencia, porte o uso de explosivos en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas huelgas y mítines”. Por este motivo, el Tribunal Constitucional podría anular el DS 1359 si se presenta un recurso de inconstitucionalidad. En este caso, sería muy importante que se les informe a los mineros que un fallo de esta naturaleza mantendría la prohibición del uso de dinamita en las manifestaciones.
