En menos de 24 horas, el presidente interino de Brasil Michel Temer, del Partido del Movimiento Demócrata Brasilero (PMDB), realizó movimientos políticos que muestran una posición ideológica opuesta a la de la presidenta Dilma Rousseff. Basta observar la fotografía de la posesión de Temer para percibir las diferencias con la anterior administración, donde los negros y las mujeres eran protagonistas dentro un proceso político inclusivo y progresista, que comenzó con el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y continuó con el gobierno de Rousseff. Contrariamente, Temer y su entorno representan una élite homogénea, conservadora y patriarcal, que se confirma con la designación de su nuevo gabinete ministerial.
Los 21 ministerios del Gobierno interino de Brasil van a estar dirigidos por hombres blancos, en su mayoría banqueros y empresarios, lo que significa un retroceso a 1979. Además, Temer eliminó algunos ministerios, entre ellos el de Cultura y la cartera responsable de igualdad racial y de género, derechos humanos y juventud. Esta determinación pone en evidencia una actitud política que no le interesa seguir profundizando en la integración social, sino que más bien intentará reducir los beneficios conseguidos por estos grupos y movimientos ciudadanos.
En medio de esta complicada coyuntura que vive Brasil, cuyo gobierno interino está asumiendo una política claramente excluyente, cabe preguntarse cómo podría afectar este nuevo proceso a los intereses de los más de 400.000 bolivianos que se estima viven en Brasil, principalmente en San Pablo, donde las oficinas de costura se consolidaron como un nicho laboral netamente boliviano, siendo el trabajo externalizado en estos miles de talleres la base que sostiene a la industria textil brasileña.
La principal preocupación gira en torno a un posible retroceso de los acuerdos firmados dentro del convenio del Mercado Común del Sur (Mercosur), gracias a los cuales decenas de miles de bolivianos lograron regularizar su situación, abrir sus propios negocios, tener cuentas bancarias, acceder a la libreta que permite trabajar formalmente y al documento que otorga la residencia temporal por dos años y de manera permanente luego de su renovación.
También existe el temor de que en el futuro se adopten medidas que restrinjan el accionar de los grupos minoritarios, a partir de acciones colectivas de la sociedad civil como de instituciones que están directamente relacionadas con los asuntos migratorios. Un antecedente en tal sentido se puede encontrar en la nota de la Federación Nacional de Policías Federales (Fenafesp) publicada el 16 de abril, que indica que cualquier extranjero que sea encontrado participando en actos políticos, reuniones, etc., será arrestado y posteriormente deportado.
