Forzando un irregular juicio político, la casta político-empresarial de Brasil acaba de consumar un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendiendo su mandato por 180 días. Esta decisión, condenada ampliamente aunque secundada por algunas voces y silencios, vulnera el principio de legitimidad democrática no solo del vecino país, sino en la región.
El falaz juicio político, activado por la mayoría opositora en la Cámara de Diputados y consagrado en el Senado, es la culminación de una serie de acciones contra Rousseff iniciadas el día mismo de su reelección en octubre de 2014. Los partidos de derecha, incapaces de asumir su cuarta derrota en las urnas, apostaron por anular las elecciones. No lo lograron, y optaron por la inestabilidad y el sabotaje. Así, un grupo de parlamentarios apartó del cargo a una Presidenta electa por 54 millones de votantes.
El “impeachment fraudulento”, como lo calificó la Presidenta, se produce en medio de la mayor acción judicial contra una trama de soborno y corrupción en Brasil, la llamada operación Lava Jato (iniciada en 2013), en la cual están involucrados políticos y empresarios de todos los colores (hasta el nuevo Presidente interino y algunos de sus ministros son objeto de investigación). Llega también en un contexto de severa crisis económica, que alentó el descontento con el gobierno de Dilma.
¿Qué sigue en el actual escenario de crisis, polarización e incertidumbre? El gobierno conservador de Michel Temer, en claro viraje a la derecha y sin la legitimidad del voto, optó por un gabinete de puro hombres (como no ocurría desde hace 30 años) y prepara medidas antipopulares.
Rousseff y el PT, por su parte, convocaron a resistir el golpe y “luchar para volver”, con la convicción de que los derechos y conquistas sociales de los últimos 13 años, que sacaron de la pobreza a millones de brasileños y brasileñas, están en riesgo.
Asistimos, pues, a un escenario crítico para la región en torno al ciclo de los llamados gobiernos posneoliberales o progresistas. Está en juego también la legitimidad de la democracia toda vez que una victoria en las urnas puede ser desconocida, como en el caso de Rousseff, por acciones inconstitucionales. Y hay perplejidad acerca del futuro de procesos de integración como la Unasur y el Mercosur. Brasil es demasiado importante en América Latina como para dejarla en manos de golpistas.
Todo esto crea un problema de legitimidad democrática difícil de manejar y cuyas consecuencias son difíciles de prever. Pero el impacto de lo que va a pasar será muy importante para toda la región, porque si la destitución de Rousseff se consolida, será una afirmación de que las democracias que existen en el continente son fácilmente manipulables y de que existen maneras para contrarrestar la voluntad de la población expresada en las urnas.
