Ya es un lugar común sostener que el sistema judicial en el país atraviesa una profunda crisis. También es evidente que dicha situación solo podrá ser enfrentada, más allá de reformas constitucionales y normativas, con una acción integral. Claro que nada será suficiente si el necesario cambio no reencamina el factor que opera el malogrado sistema: las y los abogados.
Varias causas concurren en el deteriorado desempeño (e imagen) de la administración de justicia. El triángulo de la injusticia apunta por supuesto al Órgano Judicial, en especial a juzgados, jueces y toda su estructura; al Ministerio Público, con fiscales cuestionados en su labor; y a la Policía Nacional, cuya mala fama viene de lejos. La proyectada reforma —o “revolución”— en este campo, por tanto, debe ocuparse de todos ellos, bajo pena de resultar insuficiente y, por tanto, fallida.
Pero hay un factor esencial que alimenta el sistema y tanto puede nutrirlo como asfixiarlo. Son las y los abogados que, en una lógica predominante de pleito y recursos de dilación, configuran el día a día de una maquinaria que privilegia la chicana en desmedro del derecho y la justicia. Son esos licenciados en ciencias jurídicas que, desde su condición y monopolio de litigantes en tribunales, salvando respetables excepciones, carcomen el sistema desde adentro. Abundan evidencias en tal sentido.
Un controvertido ejemplo del papel de los abogados, convertido en golosina pública por algunos operadores políticos y mediáticos, es el caso de la señora Gabriela Zapata. La semana pasada, en un drástico giro tras más de 100 días de especulación y declaraciones contradictorias, una fiscal instruyó la detención de los tres abogados de Zapata por el presunto delito, entre otros, de trata y tráfico de personas. El centro de la acusación tiene que ver con un menor de edad; grave.
El foco de la polémica es el abogado Eduardo León. En una entrevista en un medio televisivo, León aseguró haber visto al niño en cuestión. Más todavía: “legalmente, jurídicamente, materialmente hemos establecido su existencia”, certificó. Luego dijo que no estuvo en la audiencia porque se encontraba en Oruro. Alguien miente, y la trama continúa por obra de otros abogados, fiscales y jueces. Abogados que disparan recursos, fiscales que hacen mal su trabajo, jueces que se declaran incompetentes.
Claro que la cresta del caso, con León en celdas judiciales una semana después de su detención, fue la marcha de algunos abogados —y de estudiantes que aspiran a serlo— en apoyo a su colega y en defensa de su profesión. “Justicia podrida”, corearon en las calles. Como parte de la impostergable reforma del sistema judicial habrá que debatir cuánto ha contribuido a la crisis el factor abogado y cómo lograr un cambio sustantivo, empezando por las aulas universitarias, en el ejercicio de su oficio.
