El lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó un comunicado en el que advierte que en los próximos meses podría perder hasta el 40% de su personal debido a una aguda crisis financiera motivada en la falta de apoyo de los Estados miembros. Será un retroceso para la región.
La situación debe provocar preocupación en el continente, pues se trata de un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de este organismo multilateral y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su mandato es el de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Una reducción a su ya exiguo presupuesto, advirtieron los gestores de la Comisión, significará desmantelar áreas esenciales para su funcionamiento.
Por lo pronto, ya se anunció que se suspenden las visitas previstas para este año, así como los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre. Según se explica en el comunicado ya mencionado, “es en dichas sesiones cuando los comisionados y las comisionadas analizan, debaten y aprueban informes sobre peticiones y casos”, por lo que su suspensión “tiene un impacto directo en la capacidad de la Comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos” en la región, que actualmente suman 6.000 casos.
Asimismo, explica que “más allá de la actual crisis financiera, la Comisión Interamericana sufre una situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver”. Existe, dicen, una profunda discrepancia entre el mandato que los Estados miembros de la OEA le han asignado a la CIDH y los recursos financieros que le otorgan. Según información difundida por la Comisión, la OEA destina únicamente el 6% de su presupuesto al funcionamiento de esta instancia; mientras que por ejemplo el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos.
En ese sentido, la recomendación que hacen es incorporar el tema en la agenda de la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, donde se espera “una decisión histórica y trascendental, que refleje el compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la región”. Al respecto, el Embajador boliviano ante la OEA recomendó a la CIDH priorizar los casos y reducir sus gastos, pues son varios los organismos que tienen dificultades económicas, y los países no pueden incrementar sus aportes.
Urge, pues, que los Estados miembros de la OEA revisen su posición, ya que el permitir que la Comisión se reduzca podría interpretarse como un decreciente interés en la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el continente.
