Según un reportaje del diario estadounidense The New York Times, un millón de niños en Bolivia hace algún tipo de trabajo infantil. El término “trabajo infantil” suele definirse como toda labor que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
A fines de abril, el Ministerio de Educación informó que 34.000 niños bolivianos estudian y trabajan. Este dato se obtuvo en el Registro Único de Estudiantes (RUDE), que al inicio de la gestión 2016 incluyó la pregunta si el estudiante trabaja, y si por ello recibe remuneración. A los que respondieron afirmativamente en ambas preguntas se debe agregar los 260.000 que respondieron que sí trabajan pero no reciben ningún pago por ello. A esta cifra, que bordea los 300.000, se deben sumar los 800.000 que no estudian y solo trabajan con remuneración o no y que fueron evidenciados por la representante de la Unión de Niños, Niñas Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo).
El New York Times está en lo cierto al hablar de un millón de niñas, niños y adolescentes trabajadores en el país. Lastimosamente también está en lo cierto cuando afirma que Bolivia es la única nación del mundo que autoriza legalmente el trabajo infantil. En 2014 el Estado promulgó un nuevo Código de la infancia y la adolescencia (Ley 548) que autoriza con carácter excepcional y oficial el trabajo infantil a partir de los 10 años por cuenta propia (Capítulo VI). Cuando cumplen 12 años, pueden firmar un contrato con terceros.
Los legisladores que aprobaron esta normativa argumentaron que de este modo se visibiliza a los niños trabajadores y se les otorga protección social. El Ministerio de Trabajo señala que se han implementado bonos como el Juancito Pinto para evitar la deserción escolar, el desayuno escolar, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) a los padres de niños trabajadores, con la finalidad de procurarles fuentes de trabajo estables y el bachillerato técnico, productivo avanzado. Sin embargo, no hay un informe de impacto de estas medidas en la disminución del trabajo infantil a dos años de haber sido implementadas.
Lo que sí encontramos en la información de la página web del Ministerio de Trabajo es un reconocimiento de la conclusión que la OIT emitió respecto a que el Estado boliviano debe derogar las disposiciones legales relativas a las excepciones, en este caso la edad mínima de admisión al empleo, porque no condice con los convenios internacionales firmados por Bolivia. A esta altura, un grupo de niñas, niños y adolescentes está viajando a Ginebra a defender la ley que permite el trabajo infantil aunque vulnere todos sus derechos.
