Hace días tuvo lugar la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Los obispos católicos han emitido un comunicado al respecto en el que exponen su visión: esta ley no se originó en un debate amplio y serio, y puede acarrear mayor sufrimiento para las personas. Algunos medios han enfatizado la oposición de la Iglesia, pero ante el texto cabe otra lectura.
Ante todo recordemos que, en su atención a los más vulnerables, la Iglesia muestra a diario que está al servicio de las personas; también las que sienten disonancia entre lo que dice su cuerpo y su subjetividad sexual. Es una institución (como otras) en búsqueda de eso que podemos llamar “lo mejor” para el ser humano. En esa búsqueda tiene algunas pautas (no recetas) que encuentra en la Biblia, en su reflexión personalista y en más de 2.000 años de atención a los fenómenos sociales, políticos, económicos, etc.
No existe búsqueda sin apertura, y ésta la tiene la Iglesia en todos los temas. Es intenso el diálogo entre fe y ciencia. La ciencia presenta avances (que permiten servir mejor a la gente), pero no lineales. Algunos valores se ven con más claridad, otros se oscurecen. Por ejemplo, hoy la Iglesia es un incansable agente en lucha contra formas actuales de esclavitud, mientras que otros actores sociales no acompañan con la misma intensidad tal compromiso. En esto es fácil reconocer el aporte de la Iglesia a la conciencia moral de nuestro tiempo.
En el tema que nos ocupa, los valores que aparecen son más borrosos.
Surgen dudas. Vale aclarar, entonces, que la Iglesia lamenta y combate toda discriminación injusta, como dice el Catecismo. Lucha (también con activistas gais) para erradicar la criminalización de la homosexualidad presente todavía en varios países. El papa Francisco anima a acompañar a cada persona a partir de su propia condición.
La visión de los obispos no es un “oponerse”, sino un anuncio positivo que busca ofrecer una visión pastoral a las personas que sufren de disforia de género, a la vez que promover una legislación civil que asegure su inclusión. Señalan que la ley “no ha merecido el debate público, el consenso necesario y la divulgación”. Todos estamos de acuerdo en que una persona que ha decidido cambiar su apariencia física (transgénero o transexual) merece el mismo respeto que cualquier otra. Un antecedente, el apoyo del papa Urbano VIII a Catalina de Erauso, popularmente conocida como la Monja Alférez (quien estuvo en La Paz), tiene cuatro siglos.
Es razonable procurar medios administrativos para resolver los aspectos prácticos de la vida diaria de todos. Sin embargo, no parece que la identidad legal pueda disociarse sin más de la realidad corporal. Y el aspecto no determina la propia identidad sexual. En cada célula somos xx o xy (varón o mujer). Como decía Th. Adorno, pareciera que el sexo se resiste a la consideración de mera fachada. La Iglesia (y también la ciencia) señala que el sexo no es simple objeto de opción personal. La visión cristiana procura ayudar a cada persona para que diseñe un proyecto de vida que integre su cuerpo con su identidad de género, porque considera que con esa armonía se construye mejor el respeto de la dignidad y el camino de felicidad que propone.
A modo de conjetura: con un auténtico debate los legisladores podrían haber visto la posibilidad de que (como efecto no deseado) se estuviera sirviendo al juego de quienes pretendieran inducir a otros al cambio de sexo. Sabemos que en una edad decisiva para el resto de la vida, la adolescencia, hay siempre una franja en la que puede haber vacilación, y ahí tenemos un sector vulnerable que puede ser manipulado. Privilegiar la armonía y la integración es la forma de ayudar que propone la Iglesia.
Total, que el reclamo parece apropiado. Un debate amplio habría permitido evitar fallas que pueden afectar a la dignidad de las personas. No un debate religioso, ni tampoco una demostración de fuerzas (activistas por un lado y por el otro), sino una consideración serena de argumentos tendientes a clarificar los aspectos implicados.
