Sobre la Ley de Identidad de Género (Ley 26743) hay dos aspectos que huelga relevar dado su agendamiento en la opinión pública, y creo que ninguno tiene que ver, por el momento, con el desafortunado video anónimo que circula actualmente por las redes sociales y que tantas pasiones está despertando. En torno a este aspecto, en realidad no hay mucho que decir, salvo que, una vez más, poner este tipo de temas en la agenda nos ayuda mucho a vernos las caras/posiciones como sociedad; esto porque las simpatías/afiliaciones políticas suelen levantar las banderas de la agenda progresista, pero ciertamente son estos momentos los que terminan determinando las visiones de mundo de las organizaciones y de sus sujetos políticos.
No debiera extrañarnos que sean los varios sectores conservadores del país los que salgan a protestar por lapromulgación de la mencionada norma, y —es preciso también decirlo— están en todo su derecho. Lo bueno de este asunto es que la Asamblea Legislativa Plurinacional estuvo a la altura del mandato constitucional que señala que Bolivia es un país laico, aunque existan otro tipo de momentos estatales en los que parece que olvidamos esta cualidad (el feriado católico de ayer, por ejemplo).
Lo cierto es que buena parte del país debiera estar meridianamente de acuerdo en la materialización de las características y cualidades del Estado Plurinacional. En este sentido, no debiera extrañarnos la agenda constitucional de convergencia nacional ni la promulgación de la mencionada ley; pero tampoco la comprensión de que aún son varias las tensiones existentes en torno a la mencionada agenda constitucional.
Este debate nos va a hacer bien a todos y todas, eso es seguro, en la medida en que sepamos llevarlo adelante con alta vocación deliberativa. Y es que precisamente en ese ámbito se encuentra uno de los aspectos en torno a esta ley sobre el que creo que sí es importante llamar la atención. Es importante dejar constancia de que esta norma ha sido apoyada desde sectores de oposición y oficialismo, así como también ha sido resistida desde ambos bandos. Esto debería impulsarnos a desechar la idea de que las posturas conservadoras, al menos en este tema, no son un asunto estrictamente relacionado con la filiación partidaria. Y está, por otro lado, la necesidad de señalar que, al medio y tras la aprobación de esta norma, se encuentran prolongados procesos de cabildeo y diálogo para sumar fuerzas a este propósito. Ello, que no quepa duda, es algo que aleja a las y los actores de la Asamblea de las trincheras políticas polares, y precisamente por ello fortalece su vocación democrática. En ello también la ganancia es colectiva.
Finalmente, el otro aspecto tiene que ver con el desafío institucional que traza esta aprobación. Debemos estar en la posibilidad de dar el gran salto y cualificar nuestro sentido común sobre lo que es el derecho a la identidad. No debiera, por ello, la institucionalidad anquilosarse en el viejo paradigma de la cultura registral, sino asumir como un reto de corto plazo transitar hacia lo que son, en su amplia comprensión, las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la identidad de todo y toda boliviana. Eso, finalmente, es aquello que el país ha demandado como horizonte de derechos.
