Si existe algún proyecto emprendido por el Gobierno que comenzó con mucha expectativa fue la puesta en marcha de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex), que a partir de la extinta Ametex intentó constituirse en el puntal de la industria manufacturera nacional, además de ejemplo en la gestión de empresas estatales rentables y eficientes, con productos de calidad.
En sus mejores años, la firma estatal contó con 4.000 trabajadores, 400% más que cuando el Gobierno se hizo cargo, en junio de 2012, de su antecesora, América Textil SA (Ametex), que empleaba a cerca de 800 empleados antes de su traspaso.
Sin embargo, esta visión quedó trunca por obstáculos de toda índole, desde los financieros, pasando por los logísticos y operativos, culminando en los laborales.
En resumidas cuentas, problemas en todos los flancos, que trataron de ser resueltos con soluciones simplistas que se limitaron principalmente a la inyección de recursos financieros, medida que únicamente contribuyó como un paliativo para una organización que languidecía desde hace mucho tiempo.
En efecto, a pesar de la gran cantidad de recursos —financieros y humanos— invertidos, los resultados fueron desalentadores.
Al menos dos factores explican la seguidilla de fracasos registrados en un emprendimiento que por definición debería ser exitoso, independientemente de si la gestión o propiedad es pública o privada.
Un primer factor para no alcanzar el mejor de los resultados está indefectiblemente asociado al tamaño, acceso y satisfacción del mercado (externo o local) con la producción de Enatex.
A priori se puede inferir que tras la suspensión de las preferencias arancelarias para exportar productos textiles al mercado de mayor poder adquisitivo del mundo (en plena crisis financiera de 2009 Estados Unidos importó la friolera de $us 66.000 millones solo en textiles), ninguno de los mercados alternativos le significó estabilidad a la producción nacional.
Esto porque el mercado externo de manufacturas es altamente competitivo en precio y calidad, además de estar restringido por los requerimientos de prontitud, oportunidad, volumen y aranceles. A su vez, el mercado interno está intoxicado por la importación ilegal, vía contrabando, de ropa usada.
Una opción real de demanda pudo ser el producir uniformes para el Ejército, la Policía, hospitales públicos y los innumerables colegios del país.
Un segundo factor fue la ausencia de políticas públicas y acciones concretas desde la propia compañía que garanticen su sustentabilidad. Una de estas políticas fallidas fue la campaña “Hecho en Bolivia”, que no logró impulsar efectivamente el consumo de prendas de vestir producidas por Enatex, en un esfuerzo por generarle una demanda que le asegure ingresos para cubrir al menos los gastos de operación, salarios y cargas sociales.
