Entre el 3 y 4 de junio tendrá lugar en Sucre la Cumbre Judicial, un evento en el que se debatirá un conjunto de propuestas para hallar salidas a una crisis crónica que afecta a la institucionalidad del Estado. El debate, que tiene al menos seis ejes desarrollados en las nueve precumbres departamentales del país, eventualmente continuará en el ámbito político para validar un ajuste a la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la forma en la que actualmente se eligen magistrados.
Ante este escenario, las más altas autoridades del Órgano Judicial, quienes ejercen sus funciones por efecto del “voto universal”, rechazaron cualquier ajuste en la Carta Magna que modifique la forma de elegir a los principales magistrados; además, demandan una asignación que llegue al 3% del Presupuesto General del Estado para que las reformas que se vayan a adoptar tengan un soporte material.
El debate previo ha mostrado que estas dos variables, presupuesto y ajustes en la CPE, dominarán las discusiones de la cita en Sucre, aunque ambas apuntan a fortalecer la independencia del sistema judicial, una virtud que no emerge solo desde el poder político. Así, el cónclave dará líneas de acción para un proceso largo, en procura de labrar una mayor confianza de parte de la población respecto a la Justicia en el país, que es algo que también falta.
