La varias veces postergada Cumbre de Justicia, que debía comenzar mañana en la capital del país, Sucre, ha sido postergada nuevamente: tendrá lugar el lunes 6 y martes 7 del presente mes, y su sede será Cochabamba. Este último accidente en el camino es ilustrativo del proceso que ha conducido a la tan esperada reunión donde se espera hallar una salida a la crisis del Órgano Judicial.
En efecto, la cumbre, anunciada por el Presidente del Estado a inicios de 2015, tuvo que sortear diversos obstáculos, muchos de ellos derivados de una agenda política que priorizó otros asuntos más urgentes, pero también de una aparente falta de voluntad política de autoridades del Ejecutivo. La nueva postergación (de solo dos días, afortunadamente) se debe a los bloqueos de caminos que estos días protagoniza el sector del transporte de carga y que ha impedido a las y los delegados llegar hasta Sucre, según informó ayer la Ministra de Justicia.
Una vez superados los obstáculos, en las últimas semanas el Ministerio de Justicia celebró en las nueve capitales de departamento las precumbres, donde la sociedad civil discutió cuáles deben ser los temas de agenda y, sobre todo, las posibles soluciones a los males estructurales del sistema de justicia boliviano. Según adelantó la ministra del ramo, en la reunión de Cochabamba se propondrán seis ejes de debate, siendo los más llamativos una posible modificación de la Constitución Política del Estado en lo referido a la forma de elección de las autoridades del Judicial, eliminando el voto universal, así como un posible acortamiento del mandato de las actuales autoridades, electas en 2012.
Han sido estas dos propuestas las que más rápida respuesta obtuvieron de parte de las autoridades del Judicial, quienes no solo se excusaron de participar en la cumbre, alegando, en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, que no pueden ser juez y parte de las decisiones que se adopten y que, probablemente, deban ser sometidas a control de constitucionalidad. Otras autoridades rechazaron cualquier ajuste en la Carta Magna que modifique la forma de elegir a los principales magistrados y demandaron, además, una asignación que llegue al 3% del Presupuesto General para que las reformas que se vayan a adoptar tengan un soporte material.
Las organizaciones sociales afines al partido gobernante también se han manifestado, revelando que hay discrepancias en éstos y otros asuntos (y mezclando el tema con la discusión sobre la forma de habilitar una nueva candidatura del Presidente en 2019), lo cual podría provocar un debate sin soluciones fáciles durante la cumbre.
Hay muestras de que el Estado de derecho en el país está severamente amenazado, tanto por las acciones y omisiones de los administradores de justicia cuanto por intereses políticos que se inmiscuyen; en ese contexto, la Cumbre de Justicia es más importante que nunca.
