El próximo año se cumple el periodo de mandato de las autoridades jurisdiccionales elegidas por voto popular en octubre de 2011. Ello implica, según la normativa vigente, que el segundo trimestre de 2017 el Órgano Electoral debe emitir la convocatoria para la nueva elección. Disponer otra modalidad pasa por un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política.
La elección directa de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura es una de las innovaciones del actual texto constitucional. El principio democrático es que, al igual que en el caso de gobernantes y representantes, la ciudadanía elige mediante sufragio universal. Claro que en este caso hay una fase de preselección de postulantes a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la primera experiencia de votación para las autoridades jurisdiccionales, hace poco menos de cinco años, hubo dificultades tanto en la preselección de postulantes como en los comicios mismos. La preselección privilegió el aval de las organizaciones sociales por encima de la experiencia y los méritos. La elección, a su vez, se realizó con prohibición de hacer campaña, límites a la información y la opinión sobre las candidaturas y una papeleta confusa en la que había que marcar cinco veces.
Así, con una preselección de postulaciones filtrada por el oficialismo y un proceso electoral mal administrado, la inédita modalidad de elección popular de magistraturas y miembros del Consejo se inauguró en medio de sospechas y un mayoritario voto nulo. Persistía, sin embargo, la esperanza de que las nuevas autoridades electas fueran a impulsar reformas para superar la terrible crisis del sistema de administración de justicia. No ocurrió. Pronto la oposición y el propio Gobierno hablaron de fracaso.
¿Qué nos espera para 2017? De no mediar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, que implica referéndum, y los correspondientes ajustes en la legislación electoral, el próximo año las y los bolivianos votaremos nuevamente para elegir autoridades jurisdiccionales. ¿Debiera eliminarse esta modalidad de elección por voto popular? ¿O el problema radica, más bien, en la fase de preselección de postulantes, a cargo exclusivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional?
La renovación de los órganos responsables de velar por la supremacía de la Constitución y la administración de justicia está en el centro del debate de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, prevista para esta semana en Sucre. ¿Votar o no votar? ¿Reformar o no reformar el texto constitucional? Hay algunas propuestas. Claro que sería un gran yerro creer, como lo hicimos en 2011, que la crisis hoy terminal del Órgano Judicial se resuelve únicamente por la forma en que se elige a sus autoridades.
