En una columna reciente en este diario titulada Golpes suaves (30/5/2016), el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, se refiere al libro De la dictadura a la democracia (1993), escrito por el politólogo estadounidense Gene Sharp. El ministro dice que el libro “pretende ser una guía para instalar gobiernos liberales en sustitución de gobiernos no amigables con las corporaciones mundiales”. Y que “da 198 consejos para liderar una ‘revolución’ no violenta, con el fin de derribar gobiernos dictatoriales o democráticos que ‘no garanticen el funcionamiento del libre mercado y las instituciones libres’”. En verdad, se trata de un libro de estrategia de acción no violenta frente a dictaduras (allí se mencionan casos como el del Shah de Irán, Ferdinando Marcos en Filipinas o las dictaduras salvadoreña y guatemalteca, que no eran precisamente anticorporaciones). Al final da consejos de acción no violenta, que van desde diversos boicots a la no cooperación obrera y patronal.
Yo no sé si Sharp es un agente de la CIA o algo así, y no soy ingenuo para pensar que Estados Unidos no conspire en diversas partes del mundo. En todo caso, una carta firmada por 138 intelectuales (que incluyen a Noam Chomsky y a Howard Zinn) sostiene que “lejos de constituir instrumentos del imperialismo, las investigaciones y escritos del Dr. Sharp han inspirado —tanto en EEUU como en todo el mundo— a generaciones enteras de activistas progresistas: pacifistas, sindicalistas, feministas, ambientalistas, luchadores por los derechos humanos y por la justicia social”.
Pero el punto es otro: ¿por qué un libro escrito para derrocar dictaduras mediante la acción no violenta es percibido como una amenaza? Es poco auspicioso, además, que parte de las izquierdas latinoamericanas haya apoyado este tiempo a varias de las dictaduras árabes, desmereciendo las capacidades cívicas de jóvenes “indignados” que usaron esas tácticas de acción no violenta y arriesgaron sus vidas en pos de un futuro más digno (como lo hacen los indignados europeos, pero con más riesgos).
Menos convincente resulta el vínculo entre el caso Zapata y las teorías de la no violencia. De hecho, yo no encontré en el libro la cita del ministro sobre la defensa del libre mercado. Tampoco encontré dónde se propone cambiar “los tanques por mentiras para derribar gobiernos” ni sobre el uso de medios masivos de comunicación “para instalar las mentiras”.
Todo esto remite a otro aspecto de la columna del ministro Ferreira: “la mala utilización del noble papel del periodismo en función de intereses antinacionales, como se hizo contra Andrés de Santa Cruz, Busch, Villarroel (al que calificaron de “nazi-fascista”) y ahora contra Evo Morales.
Gene Sharp no descubre nada nuevo; en su libro Nacionalismo y coloniaje, Carlos Montenegro describió antes el uso mercenario de la prensa contra la democracia”.
La verdad, más allá de asumir acríticamente la historiografía nacionalista revolucionaria, o de considerar a cualquier cosa un “golpe suave” (rehuyendo a la necesaria reflexión crítica respecto de nuestra propia experiencia de gobierno) es que las razones del suicidio de Busch son variadas, lo mismo que la imposibilidad de su gobierno de tomar medidas más radicales y menos pendulares contra la gran minería y los latifundistas (en gran parte motivada por la indecisión del propio Busch). Y respecto de Villarroel, quienes lo acusaron con más ímpetu de nazi-fascista fueron los piristas, alineados en ese punto (no en otros) con las posiciones de Moscú en toda la región.
Las posiciones “antinacionales” del PIR no pueden ocultar las aristas represivas y abusivas de los radepistas (en muchos casos no contra la oligarquía, sino contra la izquierda opositora: el propio José Antonio Arze fue baleado y nunca se recuperó de esas heridas). En esos abusos de poder se basaron las rebeliones contra Hernando Siles y Villarroel, y sobre esos abusos se montó la derecha. Por eso es mejor evitarlos.
