El sábado concluyó la Cumbre de Justicia, evento largamente esperado desde que el Presidente del Estado lo anunciara casi un año y medio atrás. Fruto de la deliberación de dos días, ha emergido una muy extensa agenda de trabajo que el Ministerio de Justicia deberá sistematizar y, sobre todo, acompañar con una ruta crítica, que seguro será difícil de seguir.
Reunidas bajo seis acápites, las conclusiones establecen toda clase de medidas que van desde lo administrativo, pasando por lo legislativo, hasta lo penal para transformar el sistema de justicia boliviano, que para muchas personas está tocando fondo a causa de innumerables problemas atribuibles, de modo general, a los administradores de justicia, los propios litigantes y políticos de toda denominación. Los acuerdos son, figurativamente, el remedio que se propone para curar una enfermedad que podría ser terminal.
Notorias fueron las ausencias de representantes del Colegio de Abogados, que demostraron la posición que tiene el gremio respecto del estado lamentable en el que se encuentra el sistema judicial, al rehusarse a asistir al cónclave con el pretexto de que no estaban agendados los temas de su interés —presupuesto para el Órgano Judicial e independencia de poderes—, así como de representantes de los partidos de oposición con presencia parlamentaria, quienes, como es habitual en ellos, decidieron descalificar la reunión, descalificándose a sí mismos por no intentar siquiera presentar propuestas.
Las sugerencias de sumar penas y establecer prisión perpetua, sin ser menores, recibieron más atención de la que merecían por parte de medios y periodistas, tal vez porque es más fácil destacarlas que explicar cómo se pretende combinar la elección popular de magistrados con medidas que garanticen la idoneidad, la “alta moral y ética” o la “calidad y calidez” de los postulantes. Otra propuesta que merecía más destaque fue revisar las condiciones de ingreso a las facultades de Derecho en las universidades, así como “fortalecer” las escuelas de jueces, de fiscales y de policías.
En todo caso, sí merece amplia difusión el previsiblemente amplio conjunto de conclusiones y recomendaciones emanadas de la Mesa de Trabajo 3: “Retardación de justicia”, que incluye medidas para que las decisiones judiciales “se tomen sin dilación y oportunamente”, que se separen las funciones judiciales y fiscales de las administrativas, que se evalúe de manera permanente la atención al usuario, que se implemente la oralidad en todo el sistema de justicia, así como el gobierno electrónico y la gestión en línea, y un largo etcétera.
Tiene, pues, un trabajo extraordinariamente amplio el Ministerio de Justicia, no solo por el volumen de la información que debe procesar, sino sobre todo por lo mucho que costará materializar suficiente voluntad política para siquiera comenzar a cambiar el sistema judicial actual.
