A estas alturas del escándalo que todavía hierve con relación a los vínculos de la empresaria (¿?) Gabriela Zapata nada aparenta ser casual. El giro que el caso ha dado poco a poco comienza a involucrar a dirigentes y políticos de oposición, especialmente de Unidad Nacional (UN).
Las pistas. Todo comenzó con la “develación” de parte del presentador Carlos Valverde sobre la existencia de un “hijo” de la entonces exejecutiva de la empresa china CAMC con el presidente Evo Morales. Fue el 3 de febrero, un poco más de dos semanas antes del referéndum que debía modificar o no la Constitución Política de 2009 para una eventual segunda repostulación de Morales y del vicepresidente Álvaro García.
Tres meses más tarde, el mismo analista —cuyo libro Coca, territorio, poder y cocaína tuvo el auspicio de la Fundación Pazos Kanki, vinculada al líder de UN, Samuel Doria Medina— tuvo que desmentir el resultado de la información inicial cuando dijo que tenía datos serios en sentido de que aquel niño “no existe”.
Si bien el caso del hijo pudo ser secundario, lo que más resaltó Valverde en el momento de la denuncia fue que ese factor era clave para involucrar a Morales en “tráfico de influencias”, que se convirtió en la premisa política y objeto de investigación sin resultados favorables de parte de la Asamblea Legislativa y de los medios de información del país. Las develaciones del comunicador fueron suficientes para tocar la campaña del oficialismo en el referéndum constitucional y para afectar directamente el capital moral del Presidente.
Golpeado por el caso, el oficialismo también se vio confundido en sus propias contradicciones sobre la existencia o no del niño, mientras Zapata había encontrado una plataforma de sus denuncias en los medios de información, los líderes de opinión y muchos políticos de oposición. Ahí apareció un tercer abogado de la defensa de la mujer, que se sumó a Wálter Zuleta, que sorprendió en el litigio desde su cargo de dirigente del fútbol, y William Sánchez: Eduardo León.
¿Quién es León? Hace años fue abogado y funcionario en la gestión del exalcalde de El Alto y exprefecto de La Paz José Luis Paredes, antiguo militante y correligionario de Doria Medina en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
Antes del escándalo Zapata, el jurista acompañó al diputado Rafael Quispe, de UD y aliado de UN, en las denuncias sobre el desfalco en el Fondo Indígena. Cobró notoriedad en ese caso por sus constantes intervenciones ante la prensa.
Su incorporación a la defensa de Zapata le dio un giro al caso. León, a diferencia de Zuleta y Sánchez, fue más político, hasta resultar implicado en las investigaciones sobre la suplantación de un menor. Cuando Morales se hizo la prueba de ADN, acto al que no acudió Zapata, el abogado desafió ante la defensa de Morales: “Si ustedes quieren, lo hacemos llegar (al menor) en cinco minutos”.
Hasta que se declaró “perseguido político”, condición con la que recibió muestras de apoyo de parte de Doria Medina, Murillo y Navarro, además de varias personalidades. Su caso fue injustamente tratado por las autoridades judiciales, desde la mala justificación de la acusación hasta la chicana en las decisiones jurídicas.
Antes de que León fuera trasladado a la cárcel de San Pedro desde una clínica, el líder de UN (también lo había hecho el senador) fue a visitarlo en su lecho de convaleciente, lo respaldó e incluso le ofreció trabajo.
Es muy perceptible ya, hay un interés partidario en el caso Zapata como para anotarlo. Cobra sentido el ímpetu ante la trama.
