El presidente Morales determinó el 23 de marzo llevar la cuestión de las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Pero sorpresivamente, a principios de este mes, fue el Gobierno chileno el que decidió presentar una demanda a la Corte de La Haya con el fin de demostrar internacionalmente que tiene buenos fundamentos para utilizar dichas aguas. Como se debe comprender, el país vecino no iba a arrojarse a una piscina sin agua. Si se atrevió a lanzar una contraofensiva en la CIJ fue porque consideraba tener algunos argumentos válidos. El principal de ellos sería el mapa adjunto al Tratado de Paz de 1904, donde se denomina al acuífero como “río Silala”.
Respecto a este mapa, cabe señalar que lamentablemente existe en nuestro país un empecinamiento dogmático de considerar que todas las aguas del Silala pertenecen a Bolivia, lo que ha impedido hasta ahora llegar a un buen arreglo con Chile. Evidentemente pertenece a Bolivia gran parte del caudal que se dirige al territorio chileno por el canal construido por la empresa The Antofagasta and Bolivian Railway, pero no se puede negar que algo de éste habría llegado a ese país en forma natural, aunque no hubiese el canal artificial. Y precisamente el referido mapa avala que el Silala se habría constituido en un riachuelo antes de la existencia de los canales artificiales.
Sin embargo, la empresa del ferrocarril, que era inglesa y no chilena, necesitó solicitar a la Prefectura de Potosí, en 1908, una concesión para construir en territorio boliviano un canal con ramificaciones aguas arriba, para poder captar una buena cantidad del líquido elemento con el fin de utilizarla en sus locomotoras a vapor. Es decir que antes de la construcción de dichos canales bajaba muy poca agua a territorio chileno, la cual era completamente insuficiente para mantener las locomotoras del ferrocarril.
Ahora bien, en 2009, los dos gobiernos arribaron a un acuerdo preliminar sobre el Silala que fue fuertemente censurado por la opinión pública potosina. Dos eran los puntos más criticados sobre el particular: el relativo a que el preacuerdo pondría en duda la plena propiedad nacional sobre ese acuífero, y el que se haya omitido toda referencia a una supuesta deuda histórica chilena por el uso centenario de esas aguas.
Respecto al primer punto, como se dijo anteriormente, existe el mapa adjunto al Tratado de Paz que avala la existencia de un riachuelo anterior a la concesión de la Prefectura de Potosí. En cuanto al segundo, es un error considerar que Chile debiera pagar por 100 años de usufructo de las aguas. La concesión efectuada por la Prefectura de Potosí fue a una empresa británica, la cual se mantuvo con el control del ferrocarril hasta 1992. Ese año entregó al Estado chileno la línea que corresponde a su territorio; y al Estado boliviano la que cursa por el nuestro. Pero además, solo mediante un decreto de 20 de junio de 1997 nuestro país derogó la concesión de dichas aguas. En consecuencia, y como señaló el presidente Morales, la deuda histórica debiera computarse solamente desde la abrogación de la citada concesión.
El acuerdo preliminar indicaba que el 50% de las mismas correspondería, inicialmente, al Estado boliviano, el cual “lo podría utilizar en su territorio, o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile”. Luego agregaba que ese porcentaje podría ser incrementado a favor de Bolivia, de acuerdo con los estudios que se llevarían a cabo en el futuro. Posiblemente se pudo obtener un 30% más de dichas aguas, con lo que se habría llegado a un 80% del total del Silala, cantidad que Chile habría estado obligada a pagar a nuestro país.
Actualmente, la cuestión se ha complicado con la demanda en La Haya. Esto provocará largas discusiones, y la conformación de costosas comisiones técnicas y jurídicas. Todo ello para que al final, la CIJ determine probablemente que la mejor solución sería tomar el preacuerdo como base para arribar a entendimientos constructivos entre Bolivia y Chile.
