De acuerdo con un recuento elaborado por La Razón, entre el 31 de marzo y el 22 de junio (86 días) se registraron al menos 15 asesinatos en seis departamentos del país (Santa Cruz, Cochabamba, Pando, Tarija, Beni y Oruro) que por sus características pueden calificarse como ajustes de cuentas vinculados al tráfico de drogas. Una de las posibles explicaciones detrás de estos hechos de violencia sería la presencia de redes criminales organizadas en el territorio nacional, hipótesis que el Gobierno rechaza.
Independientemente de la veracidad o no de esta hipótesis, además de los crímenes antes mencionados, existen otras señales de alerta como cantidades crecientes de droga incautada o el hallazgo de laboratorios con tecnología de punta —en 2015 la FELCN incautó 12,6 toneladas (t) de cocaína base, 8,6 t de clorhidrato de cocaína y 26,1 t de marihuana; y en los primeros tres meses de 2016, 8,4 t de cocaína, además de haber destruido cinco laboratorios de procesamiento de cocaína— que no deberían pasar desapercibidas en el país, pues ponen en evidencia la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico, a través de políticas públicas que combinen el rigor de la ley con la promoción de alternativas viables para el desarrollo económico de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
