A pesar de los avances normativos, el número de mujeres que ha sufrido algún tipo de ataque por parte de sus parejas del que salen malheridas o incluso mueren sigue y suma; tal como ocurrió con Ana M., quien falleció el 2 de julio tras una agonía de dos semanas luego de ser quemada por su esposo, a quien intentó denunciar horas antes de la agresión que acabó con su vida
En efecto, el viernes 17 de junio, Ana, de 21 años, se dirigió a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz para denunciar a su cónyuge, de quien buscaba separarse por las frecuentes agresiones en su contra. Sin tomar en cuenta que la violencia no conoce de horarios, las autoridades policiales le dijeron que vuelva el lunes, pues era muy tarde para registrar su denuncia. Al día siguiente, su esposo la roció con gasolina y le prendió fuego. Durante 15 días batalló en la unidad de terapia intensiva del Hospital Japonés, motivada sin duda por el amor hacia su hijo de cuatro años. Pero su cuerpo no resistió y finalmente falleció, dejando en la orfandad a su pequeño niño.
Y al igual que esta muchacha de 21 años, otras 44 mujeres murieron en lo que va del año, asesinadas por sus parejas o esposos. Una de ellas fue Juana, de 26 años, cuyo cónyuge, a quien se acusa de haberla violado y luego asesinado el lunes por negarse a mantener relaciones sexuales, incluso participó ese mismo día en la marcha de protesta contra el feminicidio organizada por la comunidad afroboliviana de Santa Cruz a raíz del asesinato de Ana, quien formaba parte de ese colectivo. Esto con el propósito de despistar a la Policía.
Ambos hechos, así como la gran cantidad de feminicidios registrados en los últimos años (desde 2009 el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer ha contabilizado 810 asesinatos de este tipo) ponen en evidencia la extrema vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ya que muchas de ellas no pueden huir de sus agresores por la falta de recursos económicos, de apoyo familiar y/o la ausencia de instituciones estatales capaces de brindarles seguridad y apoyo.
De allí la importancia de que toda la comunidad asuma como propia la lucha contra este flagelo social. En primer lugar, el Estado, pues es su responsabilidad velar por la seguridad de todos los ciudadanos, y en especial de los sectores más vulnerables, implementando en tal sentido campañas que alerten sobre la existencia de esta realidad y enseñen cómo detectarla; junto a la creación de instituciones que brinden ayuda efectiva a las mujeres que deciden escapar, solas o junto a sus hijos, del flagelo de la violencia de género. Y en segundo lugar, la sociedad en general, con planes, acciones y compromisos orientados a impedir que las víctimas de la violencia de género sigan siéndolo y sufriendo en silencio torturas que pueden conducirlas a la muerte.
