El proceso político de refundación estatal por el que el país está atravesando en los últimos años ha encontrado varias maneras de dialogar con la agenda de/para las mujeres, ya sea por acción de movimientos, colectivos, instituciones o ciudadanía comprometidas con ella; o por situaciones coyunturales que han orientado la agenda político-mediática hacia este tema. Por todo ello, parte importante del andamiaje normativo generado en los últimos años ha sido elaborado con el fin de mejorar las condiciones de calidad de vida de las mujeres. De entre todo este andamiaje normativo destacan la Ley de Régimen Electoral, la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política y la Ley Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Probablemente, todo el escenario descrito anteriormente suene a algo relativamente obvio y conocido, al menos a esta altura del partido. Y es que ello nos obliga a volver a la manida discusión en torno a éste y otros temas, cuando se cuestiona cuán suficiente es la normativa, en tanto su cumplimiento queda en entredicho. O a la otra recurrente discusión en torno a que, en realidad, los avances en materia de despatriarcalización están mayoritariamente ligados a los logros en materia de participación política de las mujeres, y no así a la reducción de la violencia en contra nuestra.
En ambos marcos es posible pensar que el Estado a lo que puede aspirar con mayor facilidad y efectividad casi inmediata es a trabajar en lo que es normativa. Por caso, establecer en marcos jurídicos la obligatoriedad sobre participación política de la mujer y luego generar los mecanismos para ello presenta menores grados de complejidad que apostar por modificar las prácticas societales que hacen que vivamos en una sociedad que constantemente ejerce violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Así, en Bolivia nos vanagloriamos constantemente de estos logros conseguidos y materializados los últimos años; casi todo el tiempo con la mirada puesta sobre el Gobierno central. Y, como en casi toda nuestra agenda, olvidamos que también la apuesta de construcción estatal avanza hacia un modelo plurinacional y con autonomías.
Pienso en todo lo anterior cuando veo el nuevo gabinete del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, que llega a visibilizarse y ser parte de esta reflexión producto de la eficiente movilización comunicacional con la que está desplegando su gestión. Ese gabinete, que mediatizan orgullosamente, está compuesto por 14 ciudadanos y solamente una de ellas es mujer. Un dato tan simple, concreto y vergonzoso como el anterior lleva a preguntarnos realmente cuánto es que se ha avanzado en participación política de la mujer también en los niveles subnacionales.
La cobertura normativa, la garantía de ejercicios políticos y el cumplimiento del principio de paridad para la participación de las mujeres es, sin duda, uno de los grandes logros alcanzados en estos últimos años; pero no es suficiente. Es tiempo de avanzar hacia una democracia paritaria, que permita permear no solo todos los niveles de los gobiernos, sino todos los recovecos de nuestra sociedad; para que de forma definitiva apostemos por acabar con gobiernos que reproducen lógicas patriarcales, desde su conformación misma.
