Es probable que el más relevante acuerdo obtenido en el conflicto entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno haya sido no la reincorporación de un par de centenas de extrabajadores de Enatex, sino la decisión de reemplazar la Ley 2017 (Estatuto del Funcionario Público) por una norma más acorde con el espíritu de la nueva Constitución Política del Estado.
En efecto, en la negociación entre la COB y las autoridades del Ejecutivo, el eje de la discusión pasó de ser la demanda de reincorporación de los más de 800 trabajadores que fueron desvinculados de la ahora desaparecida Enatex al régimen laboral bajo el cual se ampararán los que sean recontratados. Fue el Vicepresidente del Estado quien, al cabo de la negociación, explicó que serán recontratados bajo la actual Ley 2017, pero que serán amparados bajo la Ley General del Trabajo en cuanto la nueva institución, Senatex, se convierta en empresa rentable.
De acuerdo con lo poco que se ha adelantado (pues es una decisión que todavía debe materializarse en uno o más anteproyectos de ley), el principal cambio en la norma será visible desde el nombre: Ley del Servicio Público, teniendo entre sus propósitos el cambiar el estatus de los trabajadores del Estado de “funcionario” a “servidor” público. Con todo, tal categoría ya está en la ley que será abrogada (en su artículo 4 señala que servidor público es aquel dignatario, funcionario y empleado que tenga “relación de dependencia” en cualquier entidad estatal). De ahí, por ejemplo, que el Ministerio de Transparencia hubiera hecho años atrás tanto énfasis en cambiar la mentalidad de los trabajadores del Estado para convertirlos en verdaderos “servidores públicos”.
El problema vendrá, coinciden laboralistas, sindicalistas y legisladores, a la hora de definir qué derechos conservan quienes trabajan para el Estado. Parte del debate al respecto pasará por conciliar las visiones que tuvieran los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas, pues el primero vela por los derechos laborales, y el segundo, por evitar que estos derechos cuesten más al Estado. La ventaja más visible de sacrificar derechos en favor de trabajar en el sector público está en la promesa de la carrera administrativa, que puede implicar un puesto de trabajo estable hasta la jubilación.
Considerando que en la última década el Estado ha multiplicado hasta por siete el número de servidores que trabajan para él, y que cambiar la legislación específica de los servidores públicos implicará revisar la Ley General del Trabajo, es de esperar que el acuerdo con la COB no sea una decisión como la de permitir el uso de dinamita en las protestas callejeras; pues si no es bien trabajada, tomando en cuenta a todos los sectores involucrados y con visión de futuro, puede, literalmente, estallar en las manos de las autoridades.
