En esta semana se conmemorará un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria del 16 de julio de 1809 en La Paz, que complementó la insurrección surgida el 25 de mayo del mismo año en La Plata, Chuquisaca, y que dio inicio a la emancipación de Hispanoamérica del dominio español.
Aunque el levantamiento y pensamiento de Chuquisaca sirvieron de detonante para la rebelión paceña, de todos modos ésta fue un fenómeno político organizado con mucha anticipación, pues debía haberse producido en 1805. Y su fundamento, asimismo, fue preparado con antelación. Cabe recordar que éste estaba señalado en un “plan de gobierno” de 10 puntos, denominado Estatuto Constitucional, y que el cabildo recibió pocos días después de ese 16 de julio. El plan tenía “como principio la soberanía inalienable del pueblo, como objeto la independencia autónoma, como fin la reforma del Gobierno y de la sociedad”.
El Estatuto Constitucional contemplaba principios importantes de filosofía política; principios que solo mucho después fueron incluidos en las constituciones de las repúblicas americanas, ya que se proponía “establecer sobre bases sólidas y fundamentales la seguridad, propiedad y libertad de las personas”. Luego agregaba: “Estos tres derechos que el hombre deposita en manos de la autoridad pública deben ser respetados con todo el decoro y la dignidad que se debe; de la invulnerabilidad de éstos se sigue inmediatamente la tranquilidad y buen orden de la sociedad”. Sabios preceptos que se debieran recordar en la época presente.
De acuerdo con ese “plan de gobierno”, se constituyó la Junta Tuitiva, que se podría considerar como el primer parlamento latinoamericano. Pero el presidente de la misma, don Pedro Domingo Murillo, mantuvo además la dirección del Poder Ejecutivo, el cual se apoyaba en el cabildo. A esta Junta Tuitiva se incorporaron varios representantes indígenas, como Catari Incacollo por Yungas, Rojas por Omasuyos, y José Sanco por Sorata; lo que demuestra que la revolución paceña no solo tuvo un carácter político, sino también social. Como comenta el eximio historiador don Manuel María Pinto: “La raza indígena no fue olvidada. Los artículos de su comercio, denominados efectos de la tierra, y que no eran otros que los artículos de primera necesidad, fueron exonerados del pago de sisa y alcabala, incrementando con esta saludable medida el comercio exterior”.
Es importante destacar que siendo La Paz una ciudad esencialmente comercial, las primeras disposiciones del cabildo y de la Junta Tuitiva fueron destinadas al fomento de esta actividad. Se trató de cambiar el sistema económico colonial, implantando la libertad de comercio e industria. Hasta entonces, el comercio estuvo severamente regulado por la Corona española. Y con el fin de impulsar el desarrollo social, se propició la educación gratuita, llegando hasta a proporcionarse cartillas de alfabetización al pueblo. Y en el orden jurídico, la Junta preconizó que la prevención no debe ser lugar de tortura, sino de simple seguridad, porque los prevenidos no eran delincuentes antes de la sentencia condenatoria.
Las autoridades españolas, comprendiendo que la revolución paceña no era simplemente un movimiento circunstancial como los habidos en otras localidades del Alto y Bajo Perú en el siglo XVIII, determinaron ahogarla en sangre. Pareciera que se dieron cuenta de que era el primer foco de un levantamiento general americano a favor de la independencia, como lo hace ver una frase del virrey del Perú, don Fernando de Abascal, que dice: “La tea de la revolución corría por todas partes”.
Tan importante como la revolución paceña fue la condenación de Murillo y de los demás protomártires, efectuada pocos meses después. Porque, como señala don Roberto Prudencio, “Si los revolucionarios de La Paz no hubieran ofrendado su vida en holocausto, solo habrían sido creadores de una bella doctrina de filosofía política, que tendría el olor de la tinta; pero al morir en el patíbulo, sus ideales cobraron el olor y el color de la sangre; ese color que fue el de la hoguera que encendió a la América toda”.
