Parece oportuno revisar la suerte de ciertos referéndums realizados antes y de aquellos que ahora están pendientes o se reclaman estarlo, porque con más contundencia que una mera elección es un desafío concreto a que la voluntad popular se manifieste, sin ambigüedad alguna acerca de dilemas en debate público. Históricamente, su efecto ha sido peligrosamente vinculante, y por ello, acudir a ese extremo es aceptar, sin excusa, el resultado del veredicto mayoritario.
Entre los referenda (plural en latín de referéndum) —cuya definición es “mecanismo de democracia directa, por antonomasia”— que se recuerdan por sus drásticas consecuencias figura aquel convocado por el general Charles de Gaulle el 27 de abril de 1969, auscultando la opinión francesa sobre la regionalización territorial. La negación expresada provocó la inmediata renuncia de ese héroe viviente y el autoconfinamiento en su finca rural hasta su muerte, acaecida ocho meses después.
Recientemente, en el Viejo Continente la impaciencia de los catalanes independentistas estimuló un plebiscito ilegal, el 9 de noviembre de 2014, que en 80% resultó a favor de dicha medida. En cambio el 55% de los escoceses, el 18 de septiembre de 2014, rechazó igual reivindicación. Así, por razones diferentes, ambas naciones postergaron sus ansias emancipadoras.
Indudablemente, el 21 de junio pasado tuvo lugar el referéndum con mayores resoluciones históricas, económicas y geopolíticas de los últimos tiempos. El denominado brexit, aparte de precipitar la caída de David Cameron, dividió la Unión Europea, ocasionando un descalabro descomunal por la magnitud de sus efectos, incluso planetarios en el comercio mundial y arriesgando la paz continental que por 43 años había logrado unir al continente europeo con las díscolas islas británicas.
En América Latina, el dictador Augusto Pinochet, luego de 15 años de mandato sanguinario, consultó en 1988 al pueblo chileno si aprobaba su propia continuidad. El revés infringido por los votantes desembocó en su pronto alejamiento, concretándose el paso a un gobierno civil. En la agitada Venezuela, a la vez beneficiaria y víctima del “socialismo del siglo XXI”, el carismático caudillo Hugo Chávez soportó estoicamente el sopapo electoral que le propinó el referéndum de 2007, que rechazó la reforma constitucional para la reelección presidencial indefinida. Hoy, nuevamente el pueblo venezolano reclama un referéndum revocatorio para interrumpir el mandato de Nicolás Maduro, pero cauto ante su impopularidad, el heredero chavista se resiste a consultar a sus compatriotas.
En Bolivia se intentó el 21 de febrero de 2016 abrir la posibilidad (mediante referéndum) de reformar la Constitución Política de Estado, y el 51% de los bolivianos rechazó esa medida vinculante. Las motivaciones para interpretar el humor de los votantes son adjetivas. Dura lex, sed lex.
Sin embargo, quienes persisten con razones atendibles, prolongar la gestión de Evo Morales hasta 2025 podrían inspirarse en el modelo ruso, que superó los obstáculos constitucionales haciendo un enroque imaginativo que situó a Vladimir Putin, sucesivamente, como primer ministro (1999-2000), luego presidente por dos periodos (2000-2008), después otra vez primer ministro (2008-2012), para retornar con el 63% de votos a la presidencia en su presente mandato, que concluye en 2018. Putin, de esta manera, completará 20 años poderosos sin necesidad de reformar la Constitución. Su leal servidor, Dmitry Medvedev, ora premier, ora presidente, es el encargado de mantener tibia la poltrona zarista alternando roles en vaivén con ritmo de polka.
En rigor, el poder no debe necesariamente radicar en la silla presidencial, las virtudes caudillistas no son hereditarias ni transmisibles. Naturalmente en Bolivia es difícil pensar en aquel “pacto de caballeros”, debido a la escasez de éstos. Además, hay pocos Medvedevs y muchos Olañetas. No obstante, es aconsejable tomar nota de la historia primero, y de las encuestas luego, para no arriesgar un referéndum de ignoto resultado.
