Para hoy está previsto el inicio del periplo de una comisión encabezada por el canciller David Choquehuanca para verificar in situ la situación de los transportistas y exportadores bolivianos que usan los puertos de Arica e Iquique. A las aristas diplomáticas, comentadas ayer en esta página, se suma la consideración de las condiciones reales en el lugar.
La decisión del Ministro de Relaciones Exteriores de viajar al vecino país para verificar las condiciones y el trato que reciben los compatriotas involucrados en las muchas operaciones de comercio exterior, que según el Tratado de 1904 debieran ser expeditas y favorables a Bolivia, tiene origen en una protesta realizada semanas atrás por conductores de camiones que reclamaron por tratos discriminatorios, el cierre de sus estacionamientos y otros problemas en Arica. La protesta llegó, literalmente, hasta el Consulado General de Chile en La Paz, cuyo titular interpuso sus buenos oficios para resolver las causas del malestar.
Una periodista de este diario viajó a la ciudad chilena días antes que la comisión, y descubrió cuatro condiciones que entorpecen el comercio marítimo boliviano en ese puerto. La primera y más preocupante, que además se arrastra desde hace años, es la privatización del puerto, que implicó entre otros aspectos la centralización de los trámites a cargo de la Empresa Portuaria de Arica (EPA), que no logra cumplir con los plazos, afectando de manera directa a los transportistas. La segunda condición adversa, vinculada a la anterior, tiene que ver con las operaciones de carga y descarga, también a cargo exclusivamente de la EPA, que no se da abasto para atender oportunamente a los cientos de camiones bolivianos que arriban diariamente a la terminal portuaria.
Se suma a esta condición la clausura de varias playas de estacionamiento, lo que ha obligado a los transportistas bolivianos a usar espacios públicos, donde son objeto de robos, además de manifestaciones de desprecio de los vecinos. Finalmente, el hecho de que las operaciones portuarias sean controladas por la EPA implica que no haya una eficaz coordinación con el Estado boliviano, lo que también entorpece el trabajo de los exportadores e importadores.
A su vez, las autoridades de Arica reclaman de los transportistas bolivianos el que se dediquen a vender diésel al menudeo, cosa explícitamente prohibida; también que es frecuente ver a los conductores bajo el influjo del alcohol; y, por último, que producen mucha basura, tanto en la ciudad como en la carretera.
Es deseable que la ya mencionada intervención del cónsul chileno, sumada a los resultados que arroje la visita del Canciller y su comitiva, ayuden a resolver los problemas cotidianos, pues de otra manera, además de producirse más evidencia a favor del reclamo boliviano, el comercio exterior del país seguirá viéndose afectado negativamente.
