En el marco del VI Congreso Internacional de Gas y Petróleo, realizado recientemente en Santa Cruz, se debatieron temas asociados al presente y futuro de la industria hidrocarburífera y energética nacional, y que se centraron en las acciones de política de Estado que debiera asumir Bolivia para constituirse, en el mediano y largo plazo, como el centro energético de la región.
Según señalan los especialistas y autoridades del ramo, la necesidad regional por gas y energía se encuentra asegurada hasta 2040 y, por el lado de la oferta, para cubrir esta demanda incluso se han levantado las restricciones de exploración en nuevos campos de producción y redes de distribución. Entonces, las proyecciones de necesidades relacionadas con el sector industrial y energético de Brasil y Argentina, como demandantes tradicionales; además de Perú, Uruguay y Paraguay, como nuevos actores, quedarían satisfechas.
Sin lugar a dudas, esta potencial situación de mercado coloca a Bolivia en una inmejorable posición para la promoción y realización de inversiones extranjeras (por intermedio de compañías transnacionales o locales), del Estado (a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB), y de manera extendida a gobernaciones y municipios (en el eslabón de más alto riesgo y rentabilidad de la cadena productiva del gas).
Entonces, la primera acción estatal de la política hidrocarburífera debiera priorizar, de manera estratégica, el proceso de exploración de nuevas reservas probadas que aseguren la ventaja a Bolivia como proveedor creíble en el largo plazo. Esta tarea es de vital importancia porque a corto plazo se dará inicio a la renegociación de contratos de venta y provisión de gas con nuestros mejores clientes; y en un contexto poco favorable de precios internacionales, Bolivia necesita incrementar su oferta gasífera para generar certezas en los mercados vecinos. De esta manera, las condiciones de negociación serán más favorables para el país.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que las condiciones de distribución de beneficios entre Estado central, regiones y empresas deben quedar claras. Las grandes líneas de gestión de los recursos naturales vienen ya dadas por la Constitución. Sin embargo, en un panorama incierto, cual es el del mercado mundial de los hidrocarburos, se necesita agilizar tanto la reglamentación como la aplicación de soluciones creativas, tales como la Ley de Incentivos.
La temática gasífera es en sí complicada por sus aristas económicas, técnicas y ambientales; por tanto, es de orden prioritario tomar conciencia colectiva e individual sobre su verdadera relevancia en el destino de la patria y gestionar con responsabilidad la riqueza de nuestro territorio como plataforma hacia una mayor diversificación económica.
