Hay ciertas imágenes visuales que tienen el poder de transportarnos en el tiempo, para bien o para mal. Recuerdo de niña un cuadro en casa de mis padres en el que un hombre indígena cargaba sobre sus espaldas y cuesta arriba, sobre un asiento atado de un cinto contra su frente, a un hombre español. Era una imagen de la Colonia, y evocaba algo como de otra época, primitiva y bárbara.
En Chiapas, una de las zonas cafetaleras de México, recientemente tuve una especie de flashback. Realizábamos un trabajo periodístico para la cadena Telemundo y The Weather Channel, cuando a unos metros de la carretera vimos dos niños intentando cargar un costal del tamaño de su cuerpo atado a un cinto contra su frente. Uno ayudaba al otro para tratar de levantar la pesada carga, pero como era difícil, se caía una y otra vez. Los dos hermanos, Óscar y Mauricio, de 12 y 14 años, son niños jornaleros de Guatemala que recogen café en México. En el país hay leyes contra el trabajo infantil, pero no se cumplen. Decenas de miles de comunidades indígenas mexicanas o centroamericanas van como nómades de estado en estado para recoger café u otros productos.
México es el granero regional. La mayoría de los alimentos terminan en Estados Unidos. Chiapas produce 46.000 toneladas de café al año. Se procesan y se venden muchas veces en tiendas especializadas y a un precio bastante alto, bien sea por taza o por bolsa de café. El producto incluso lleva sellos que lo hacen más costoso, por ejemplo el de Fair trade o comercio justo, o el de “orgánico”. La idea es que el consumidor está dispuesto a pagar más si se ayuda a las comunidades trabajadoras o al medio ambiente.
El problema es que se está pagando extra por un concepto que tiene poco que ver con la realidad en el terreno. A las cinco de la mañana empieza el trabajo para las comunidades indígenas en Chiapas. Seguimos a los dos hermanos hasta un predio donde crece café en medio de la selva. Había familias enteras con niños pequeños. Trabajaban recogiendo el café a la par de los adultos. Luego procedían a cargarlo sobre sus cabezas, incluso el más pequeño de seis años. Su padre, Don Israel, me comentó que en los países ricos los niños juegan, pero “aquí no se pueden dar ese lujo”.
Amalia, una madre soltera cuyos ocho hijos también estaban recolectando café en el arbusto de al lado de Israel, explicó que no podía dejar a sus hijos solos. Es que el patrón que los emplea no tiene guardería ni hay escuela o ningún tipo de infraestructura para dejar a los niños.
La revolución mexicana se luchó en gran parte por la redistribución de la tierra en México y por dar derechos a quienes la trabajan. Pero 100 años después las cosas no han cambiado mucho y es por eso quizás que uno se siente como en una burbuja de tiempo. Los hacendados tienen en los predios unos galpones llamados galleras para alojar a los trabajadores y sus familias. No es muy diferente a la esclavitud. Las personas duermen arrumadas en pedazos de tabla o concreto. Se les da poca comida y en algunos casos se les retiene el pago y documentos migratorios hasta que cumplan con sus contratos.
Es un secreto a voces. Los dueños prefieren mirar hacia otro lado cuando ven que las familias llegan con niños. Saben muy bien que la ley mexicana prohíbe que menores de 15 años trabajen. Algunas de estas fincas están afiliadas a organizaciones que les otorgan sellos de garantía de comercio justo, y las grandes multinacionales se fían de las compañías que certifican que sus proveedores cumplen con las normas internacionales de protección al trabajo digno.
Al confrontar al dueño de una de estas fincas con las imágenes de los menores de 12 y 14 años que dijeron estar trabajando en su terreno, éste negó rotundamente que los niños trabajaran para él. Agregó que los trabajadores eran poco agradecidos y que había tenido que quitar los interruptores de la luz y las tapas de inodoro porque se las roban.
Pero Chiapas no es un caso aislado. Se estima que 250.000 personas viven en condiciones de cuasi esclavitud en México y casi 2 millones de niños trabajan en actividades agropecuarias. Esto no cambiará hasta que autoridades de México y de Estados Unidos aseguren que se cumplan los derechos mínimos que tienen los trabajadores jornaleros y sus hijos.
