Más de $us 100 millones es la deuda en mora a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del país. De ese monto, el 11% corresponde al Fondo Solidario. Lo peor de todo es que las mayores deudoras al sistema de pensiones son empresas que quebraron y cerraron hace años. El futuro se muestra incierto para muchos trabajadores.
En efecto, según reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la deuda en mora que registran las dos AFP (que en septiembre de 2017 deberían ser reemplazadas por una gestora de fondos de pensiones de administración estatal) suma Bs 731,9 millones, 140% más que hace 10 años, cuando la deuda al sistema de ahorro a largo plazo era de Bs 304,5 millones.
Consultado al respecto por este diario, el Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros confirmó el monto antes citado, y aclaró que en algunos casos se trata de deudas por cuyo cobro se inició procesos judiciales desde hace bastante tiempo. La autoridad agregó que con la promulgación de la nueva Ley de Pensiones en diciembre de 2010, el procedimiento cambió, pero que las AFP deberán seguir el trámite hasta estar en condiciones de entregar el dinero a la futura gestora el próximo año. También anunció una auditoría de los juicios que están en curso.
Entre las causas que explican la mora al sistema de pensiones (que comparada con los $us 13.000 millones que actualmente son administrados por la AFP no parece tan preocupante, aunque debiera serlo) está el hecho de que los cinco mayores deudores son Lloyd Aéreo Boliviano, Ciudad Limpia, AeroSur, Juegos y Centros de Entretenimiento Bahiti e Industrias Agrícolas de Bermejo, por lo que más del 30% de la deuda podría ser incobrable.
Así lo apuntaron dos especialistas en la materia consultados por este diario. Uno de ellos subrayó que se trata de empresas ya desaparecidas, y el otro, que hubo falta de apropiada fiscalización por parte de la APS. Ambos datos son relevantes en el proceso de creación de la gestora pública, que deberá evitar esos errores, además de lidiar con las complejidades propias de la gestión de los recursos de los trabajadores en el marco de una reglamentación que aún no ha sido concluida, debido, entre otros aspectos, a los conflictos todavía no resueltos con la COB, contraparte en la discusión de los instrumentos normativos.
Es plausible pensar que el tamaño de la deuda no representa un riesgo insalvable para el sistema de pensiones; sin embargo, sí lo es desde el punto de vista de los trabajadores, que ora tendrán que aportar por más tiempo, ora tendrán que conformarse con un porcentaje menor en sus rentas. En cualquiera de los dos casos, el resultado inmediato serán nuevos conflictos con los trabajadores y sus organizaciones, lo cual nunca es deseable para la gestión gubernamental.
