En días recientes, la prensa (El Financiero, La Razón 31.07.16) consigna un interesante artículo sobre los resultados operativos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin) en el periodo 2006-2014. Del análisis se desprende que el trabajo de esa institución (equivalente a la etapa base del upstream en la industria de los hidrocarburos) ha impulsado 23 proyectos de exploración básica, de los cuales resultaron potencialmente interesantes tres áreas de rocas calcáreas y tres proyectos mineros ya conocidos por programas precedentes: Santa Fe-Japo-Morococala, en áreas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol); Pampa Grande en el sureste potosino y Mallku Khota, el exproyecto de South American Silver en el norte potosino. La inversión total en el periodo fue de Bs 43,3 millones (cerca de $us 6,2 millones).
Las razones para esta baja performance en inversión y resultados, según la gente de Sergeomin, van desde los conflictos sociales derivados de la consulta previa, la inseguridad jurídica y los problemas económicos con las gobernaciones para disponer del 10% del 85% de la regalía minera correspondiente a las gobernaciones, que según la Ley 535 debería derivarse a financiar proyectos de exploración. Las gobernaciones condicionan estos desembolsos al trabajo en áreas preestablecidas por ellas y que muchas veces están fuera de la planificación de Sergeomin.
Esta entidad merece el mayor apoyo por el nivel de investigación básica que realiza, sin la cual las etapas posteriores no tendrían sentido; obviamente, éstas consumen un nivel mucho mayor de inversión, y precisamente este aspecto es otro de los factores negativos en el país. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015 Sudamérica recibió algo más de $us 131.000 millones de inversión extranjera directa (IED). Los principales beneficiarios fueron Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú; y los menos favorecidos Bolivia y Paraguay. En el caso de nuestro país la IED fue de $us 503 millones (0,38% del total) y al sector minero gotea cerca del 18% de esta cifra, según estimaciones oficiales (aproximadamente $us 90 millones).
Este pequeño ejercicio dibuja la situación del sector minero nacional: sequía de nuevos proyectos, legislación que repele la iniciativa privada, inseguridad social y jurídica, y por consiguiente, niveles inaceptables de IED. Al margen de los esfuerzos políticos por atraer inversiones extranjeras con el trabajo de comisiones oficiales a Europa y Estados Unidos, con resultados inciertos hasta el momento, no hay decisiones adicionales que mejoren esta perspectiva en el corto y mediano plazo. El sector depende de la inversión pública y estatal que se promete en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, que no tiene un componente importante para el upstream y su efectividad en el tiempo se ve muy reducida.
Como se reitera en esta columna, la generación de nuevos proyectos mineros depende del mecanismo de intermediación entre el gran capital y el Estado, hay dos opciones que se manejan en este asunto: las empresas de exploración (juniors en el léxico habitual del sector) o potenciar las entidades del país (Sergeomin y Comibol) y dotarles de la potestad para representar al Estado en proyectos de exploración con terceros para acceder a la renta a generarse en caso de éxito. Esto permitiría recapitalizarlas. La primera alternativa se da en entornos de política liberal y de mercado; y la segunda tuvo intentos en el pasado reciente del país con resultados negativos. Sin embargo, estamos intentando de nuevo esta alternativa con algunos matices. Estimo que es hora de definir qué hacer, las recetas de la Ley 535 no viabilizan ninguna de las alternativas y podemos perder el tren de la historia nuevamente.
