A medida que el conflicto con Chile ha ido agravándose, en muchas ocasiones nuestro Gobierno ha señalado que la falta de entendimiento con el país vecino se debería a la influencia que las élites conservadoras tendrían sobre ese Estado, al actuar bajo la “doctrina de la negación”. La reciente visita del canciller David Choquehuanca junto con una comitiva a los puertos de Arica y Antofagasta, para verificar la falta de compromisos comerciales y constatar los abusos que los transportistas y los exportadores bolivianos sufren, habiendo sido ella misma objeto de maltrato por parte de las autoridades chilenas, validaron ese juicio.
De hecho, tras reconocer la valentía de la comitiva, Evo Morales dijo que aún existen funcionarios del Gobierno chileno con mentalidad colonial y con una actitud de provocación permanente contra el pueblo boliviano; y que una relación pueblo-pueblo permitiría acabar con esa mentalidad racista y discriminatoria (La Razón, 20.07.2016). Si bien las circunstancias justificaban este parecer, es necesario cuestionar la idea de que la causa de nuestro país sería obstaculizada solamente por algunas élites conservadoras. Para ello es necesario conocer algunos rasgos de la opinión pública chilena, y que ante la visita de nuestras autoridades afloró en las redes sociales en tono irreproducible y vergonzosamente intolerante.
Precisamente en 2000, la Universidad de Chile realizó la Encuesta Tolerancia y no Discriminación, en las poblaciones de Santiago, Temuco e Iquique. Sobre la base de las variables clasismo, patriocentrismo, xenofobia, racismo hacia los pueblos originarios, antisemitismo, exclusión, homofobia, sexismo, religión, dogmatismo y autoritarismo, dicha encuesta fue presentada mediante escalas de medición de los niveles de tolerancia y no discriminación. Y el nivel de intolerancia fue de 46-47%, mientras que la abierta discriminación de 24-26%, alimentada sobre todo por el patriocentrismo (42-64%) y la xenofobia (41-53%). Debido a las críticas que recibió este estudio, no volvió a realizarse.
Sin embargo, en 2015 la III Encuesta Nacional de Derechos Humanos recogió algunas percepciones referidas también a la intolerancia y la discriminación. Por ejemplo, 64% de los chilenos expresaba su acuerdo con la frase: “hay gente que abusa de exigir sus derechos”; 46% estaba también de acuerdo con la frase “no se debería permitir el ingreso a cualquier inmigrante a nuestro país”; y en gran parte los chilenos admitían que las prácticas discriminatorias ocurrían en el trabajo (48%), la calle (40%) y los hospitales (34%); teniendo que ver en ello la apariencia física (61%), la pobreza (57%) y la forma de vestir (52%).
Ambos estudios revelaron así un elevado nivel de intolerancia, que se expresó naturalmente en la visita de nuestras autoridades. Pero el tema se agrava cuando se atiende el delicado problema de acceso al mar. Y en ese tenor, en 2014 la Universidad de Vanderbilt, a través del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana, publicó su última encuesta realizada en Chile, en la cual si bien se da a conocer que 22% de los chilenos cree positivo un acuerdo para darle salida al mar a Bolivia y el 78% lo considera negativo, solo el 7% reconoce que Chile tendría una deuda histórica con Bolivia; 18% que se debe otorgar al país una salida al mar, pero a cambio de alguna concesión, y 68% niega otorgarle al país ese derecho.
Aunque esa forma de referir datos no es la más correcta, considerar los niveles de intolerancia chilena permitiría dimensionar el conflicto más allá de su percepción elitista. Además, sería interesante replicar esos ejercicios en nuestro país, dado que las expresiones de tolerancia interna no necesariamente son ejemplares y diferentes.
