El Congreso de Chile acaba de avalar la iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet de anular un acuerdo firmado en 1985 por el que autoridades y diplomáticos bolivianos podían ingresar al territorio del vecino país sin necesidad de visa. Esta disposición, que estará vigente desde 2017, no será retribuida por parte de Bolivia, que seguirá aceptando el ingreso de funcionarios chilenos sin la necesidad de ningún trámite o permiso.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, presentó esta decisión como respuesta a la visita que realizó su colega boliviano, David Choquehuanca, a los puertos de Arica y Antofagasta junto a una comitiva legislativa y representantes de los transportistas y exportadores nacionales.
Muñoz afirmó que la medida no tendrá efecto para los ciudadanos bolivianos que deseen visitar su país. No obstante, el jueves el intendente de Antofagasta, Valentín Volta, anunció que en su región quedaban prohibidas las actividades para celebrar el 191 aniversario de la independencia de Bolivia. Esto, dijo, por la “animosidad” del país. El castigo fue para los bolivianos que viven allí.
El escarmiento, que es el camino que eligió Chile, no favorece a crear un escenario de diálogo. Por el contrario, puede generar condiciones de mayor exclusión.
