En las últimas semanas se han vertido varios comentarios sobre lo que es un pacto fiscal. En tal sentido, corresponde dar una definición correcta de este término, que puede ser entendido como un acuerdo de redistribución de los recursos fiscales, con base en convenios socioeconómicos, que legitima el papel del Estado en el ámbito y alcance de las responsabilidades gubernamentales. Económicamente es una distribución de los ingresos y una acertada administración de los recursos. En lo social, es pactar o acordar entre diferentes instituciones gubernamentales, primero con municipios, luego con gobernaciones, y éstas a su vez deben coordinar con el Estado y con los diferentes actores público-privados.
En la década de los noventa, muchos países latinoamericanos realizaron procesos para lograr un pacto fiscal, entre otros México, Guatemala, Colombia y Chile. Recientemente en 2012 la Unión Europea también ejecutó procesos encaminados a lograr un acuerdo en tal sentido. Respecto a Bolivia, para lograr un pacto fiscal idóneo se requiere contar primero con instrumentos como un plan de desarrollo económico y social y un sistema de planificación integral del Estado. Nuestro país recién cuenta con instrumentos de este tipo desde 2016 y un intento de plan de desarrollo en 2012. No es posible invertir recursos de manera efectiva sin un propósito planificado; con metas a corto, mediano y largo plazo; y presupuestos plurianuales, que deben estar establecidos en un plan, que además tome en cuenta la generación de recursos subnacionales.
Una vez que se cuenta con los instrumentos antes mencionados (no son los únicos instrumentos, pero sí los más relevantes), recién es posible iniciar procesos previos que culminen con un pacto fiscal. Ahora bien, resulta imprescindible que estos procesos se desarrollen con la participación de todos los actores sociales (públicos y privados) que integran una misma unidad territorial. Juntos deben definir la visión y objetivos de la región, analizando su realidad social; y se deben comprometer, mediante acuerdos, a cumplir con determinadas actividades para el logro de sus objetivos de manera conjunta, que en pocas palabras significa respetar lo planificado por todos los actores sociales.
También se debe configurar un pacto productivo, que debe involucrar a todos los sectores productivos, incluidos a sectores de la empresa privada, estableciendo la vocación productiva de la región. Luego se debe alcanzar un pacto fiscal, que determine la redistribución de los ingresos públicos entre las regiones, con base en los pactos social y productivo. Esto también implica la generación de otros ingresos, tomando en cuenta disposiciones impositivas, leyes municipales y departamentales, así como otros instrumentos técnico-jurídicos que hacen a la nueva distribución de ingresos. Todo esto para lograr un desarrollo económico regional, que a su vez contribuya al desarrollo económico del país.
Por último, cabe señalar que los principios básicos para establecer un pacto fiscal son elevar la calidad del gasto público responsable, promover la equidad, generar mayor transparencia en la redistribución fiscal para favorecer el desarrollo productivo y la generación de ingresos subnacionales.
El pacto fiscal no debe ser entendido como una decisión política entre la oposición y los que gobiernan el país respecto a la forma de redistribuir los recursos públicos; debe surgir a partir de un debate técnico, económico y social en el que participen todos los bolivianos.
