Lo sucedido el jueves en Panduro, donde el viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes y su edecán fueron secuestrados y luego torturados, causando la muerte del primero, por los cooperativistas que llevan semanas movilizados, debe ser un punto de inflexión no solo en el conflicto, sino también en la relación entre Gobierno y la minería cooperativizada.
En efecto, las circunstancias de la muerte de la autoridad gubernamental, quien había llegado a la zona del conflicto (Panduro, localidad paceña cercana a la ciudad de Oruro) para intentar una negociación, muestran un cuadro de pérdida de control no solo de la fuerza pública, sino también de los propios mineros. La evidencia recolectada luego del levantamiento del cadáver apunta a que hubo una larga flagelación antes de que un golpe en la cabeza acabase con la vida del viceministro. Su edecán no perdió la vida, pero está hospitalizado y hay orden de no revelar su estado de salud.
Previsiblemente, el asesinato del viceministro ha causado gran conmoción, no solo en las partes en conflicto (los mineros levantaron su bloqueo el viernes), sino también en toda la sociedad, que no había visto semejantes extremos de violencia en la movilización de las organizaciones sociales desde la década de 1950, cuando un ministro fue victimado por organizaciones campesinas. Pero también provocó numerosas manifestaciones de repudio, tantas como llamamientos al diálogo y a reconocer que también hubo muertos en el bando de los movilizados, lo cual debe ser investigado hasta identificar a los culpables.
El Presidente del Estado, por su parte, hizo declaraciones dando a entender que el asesinato del viceministro y las circunstancias que llevaron a ese extremo tienen origen en intereses ajenos al gremio de los mineros cooperativizados, sugiriendo además que los medios de comunicación y la oposición alentaron el conflicto. Esta posición contradice a la manifestada días antes, cuando claramente acusó a los dirigentes de los cooperativistas de haberse convertido en empresarios dispuestos a hacer negocios con el capital transnacional y de vulnerar los derechos laborales de quienes trabajan para ellos.
Quienes han seguido el conflicto desde su inicio, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a la Ley de Cooperativas que permite la creación de sindicatos de trabajadores, excepto en el ámbito de la minería cooperativizada, han podido percibir que el gremio se movilizó para exigir, de manera violenta, nuevos privilegios de parte del Gobierno, que desde siempre se ha mostrado generoso en exceso con ellos.
Es deseable que la tragedia del viceministro inspire en las autoridades una nueva actitud, no para causar daño a los mineros cooperativistas, sino para establecer nuevas reglas del juego, en las que ningún sector piense o sienta que puede estar por encima de las leyes y del resto de la sociedad.
