El 14 de julio pasado, el presidente Rafael Correa anunció al Ecuador su decisión de impulsar una consulta popular con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre la prohibición para que dignatarios o funcionarios públicos puedan tener bienes o capitales en paraísos fiscales. El principal argumento es que los paraísos fiscales se constituyen en uno de los peores enemigos de las democracias, por sus implicaciones en términos de evasión fiscal, ocultamiento de transacciones e incluso fomento y sostén de actividades criminales. Son economías sin rostro que perjudican principalmente a los países en vías de desarrollo.
La consulta planteada por el Primer Mandatario, que sería convocada conjuntamente con las elecciones generales del 21 de febrero de 2017, constaría de la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? En el caso de ganar el Sí, en el plazo de un año, luego de la promulgación de los resultados oficiales, los servidores públicos que tengan capitales y bienes en paraísos fiscales deberán deshacerse de ellos. Su incumplimiento será causal de destitución.
Pacto Ético es una iniciativa del Gobierno de la revolución ciudadana que busca sincerar nuestra política. Sectores de la oposición se han ufanado en repetir que “con mi plata hago lo que quiero”, demostrando una total falta de ética y compromiso con la patria. Nadie les impide que desarrollen sus actividades empresariales, pero si quieren aspirar a un puesto de elección popular, deberán tener como primera obligación ética amar a la patria, confiar en ella, invertir en ella.
Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países en desarrollo son los más afectados. En América Latina, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales de sus élites escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto a la renta que les corresponde. En el Ecuador, en 2014 y 2015 salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad que equivale a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. En total, se estima en 30.000 millones de dólares el dinero ecuatoriano escondido en paraísos fiscales, lo cual representa un 30% de nuestro PIB.
El Ecuador quiere llevar su propuesta a nivel mundial, para lo cual se encuentra liderando una campaña que haga conciencia sobre la necesidad de acabar con los paraísos fiscales. Entre otras acciones, en septiembre próximo nuestro gobierno propondrá a la Asamblea General de la ONU que se incluya en agenda el debate sobre esta cuestión, así como una propuesta internacional que prohíba los paraísos fiscales. Una iniciativa inédita y ambiciosa, que busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la trascendencia de esta lucha.
Invitamos a todos los países a unirse a la campaña #PactoEticoYA para poner fin a los paraísos fiscales. En el ámbito nacional no se busca impedir la participación política, lo que se demanda es sindéresis entre el discurso y la praxis de los aspirantes a dignatarios. De hoy en adelante, quienes aspiren a un puesto de elección popular deberán creer en su país, deshaciéndose de cualquier empresa o capitales en paraísos fiscales. Como lo ha mencionado el expresidente José Mujica: “Si aman tanto el dinero, que sigan en sus negocios, pero que no se metan en política”.
