Los esposos Fernández estaban buscando un préstamo desde hace meses, y cuando una agente de crédito les dijo que les podría ayudar a conseguir los $us 20.000 que necesitaban para un anticrético, pero a un interés del 14%, lo pensaron dos veces; sin embargo, al final y por la necesidad aceptaron.
El banco les dijo que les podría prestar ese monto pero hipotecando algo. Ambos se miraron y pensaron en una pequeña casita que construyeron en un barrio alejado de Achocalla. Presentaron los documentos, entregaron fotocopias, llevaron a un arquitecto para que haga el avalúo, corrieron para hacer las gestiones ante un notario de Fe Pública y fueron hasta tres veces hasta la oficina de Derechos Reales para hipotecar el inmueble.
Concluido el primer mes tras el inicio del trámite, personeros del banco fueron hasta su domicilio, ingresaron al dormitorio para ver qué bienes tenían los Fernández, hasta preguntaron las marcas de un viejo televisor y del refrigerador. Todo andaba bien. Los domingos compraban periódicos para buscar en los clasificados un anticrético en la ciudad de La Paz, a fin de que su niña ya no tenga que hacer largos viajes diarios entre El Alto y la urbe paceña.
Anotaban números de celulares y llamaban para preguntar en qué condiciones ofrecían dar un anticrético.
Pasaron dos meses y la agente les llamó para avisarles que los trámites habían llegado a un buen puerto y que podían ir a recoger los $us 20.000 de crédito. Ese sábado, los Fernández salieron temprano con su hija en brazos, llegaron al banco y no les incomodó esperar dos horas. Al fin y al cabo ya habían aguardado dos meses. Pasó el mediodía, la pareja no sabía por qué demoraba aún el desembolso si un día antes les habían dicho que todo estaba listo; hasta que la agente de crédito les llamó. “Intenté convencer al banco de que les diera el crédito con el 14% de interés, pero no quisieron, y va a ser al 16%”, les informó. Los Fernández se miraron y la agente añadió: “Es cien pesos más, no hay problema”. Ellos no lo tomaron así. ¿Por qué no me avisó antes de que no calificaba para el 14%?, preguntó el esposo. ¿Por qué no me alertó hace dos meses?, prosiguió. La agente pidió perdón, pero no era suficiente. Habían gastado cerca de Bs 1.600 en todos los trámites y al final decidieron pedir la disolución del contrato. Ahora están nuevamente ajetreados con el notario de Fe Pública y en la oficina de Derechos Reales para levantar el gravamen de hipoteca a su casita.
Los Fernández no saben qué van a hacer ahora: si presentar una queja en el banco, apelar al Defensor o al Viceministro de Defensa del Consumidor, o preguntar en la ASFI por el perjuicio que les provocó ese banco. Reglas claras por parte del sistema bancario, eso pide la población.
