El 24 de agosto, en la capital de Cuba, representantes del Gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC anunciaron el fin del conflicto armado que por más de cinco décadas marcó la vida política y social del país, y está previsto que el acuerdo final se suscriba el 26 de septiembre en Cartagena. El presidente Juan Manuel Santos ha convocado a un plebiscito para que el pueblo colombiano refrende el 2 de octubre dicho convenio.
América Latina ha atravesado por distintos momentos históricos en los que la paz se ha visto amenazada. El conflicto en Colombia se instaló en la agenda de seguridad regional y hasta amenazó con expandirse. Pero la administración de Juan Manuel Santos tomó la valiente decisión de intentar una solución definitiva a través de un acuerdo con los grupos que desde la década del 60 asumieron que la lucha armada era la vía para resolver demandas sociales insatisfechas.
Es así que desde hace cuatro años, las partes en conflicto sostuvieron un intenso diálogo en La Habana, bajo el decidido apoyo del Gobierno de Cuba. El diálogo ha rendido frutos. Colombia es el país más poblado de la Comunidad Andina (47 millones de habitantes) y su influjo en la subregión andina y en toda Sudamérica es innegable, por lo que acariciar una paz duradera redundará no solo en favor de Colombia, sino de toda la región.
Los acuerdos, contenidos en un documento de 297 páginas, expresan que el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo en la historia colombiana, ingresándose a una fase de transición que contribuirá a una mayor integración de las regiones y territorios al interior del país cafetalero y al mismo tiempo impulsarán una mayor inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido directamente las consecuencias de la lucha armada. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera incorpora aspectos de hondo contenido económico-social, como el relativo a la Reforma Rural Integral (RRI), que “sienta las bases para la transformación estructural del campo”. Esta reforma se basa en principios tales como la igualdad y un enfoque de género (reconociendo a las mujeres como ciudadanas sujetos de derechos); el bienestar y buen vivir, cuyo objetivo final es la erradicación de la pobreza; la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra; y el desarrollo sostenible. Ya en la etapa posconflicto se prevé crear un fondo de tierras, formalizar masivamente la pequeña y mediana propiedad rural, así como la creación de mecanismos ágiles de resolución de conflictos por la tenencia y uso de la tierra. Todo ello significa que los acuerdos de paz asumen que no basta con dejar las armas, sino que además deben atacarse las raíces mismas del conflicto, entre ellas la cuestión agraria.
De igual manera se incluyen otros temas no menos importantes que se implementarán posteriormente, como la participación política de las FARC, la participación y control ciudadanos y la reforma del régimen electoral. Se ha previsto también la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y de ejecución rápida de obras de infraestructura social que serán priorizadas por las propias comunidades afectadas. Existe todo un acápite relativo a la reparación de las víctimas del conflicto armado y se ha acordado la creación del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas mediante mecanismos judiciales y extrajudiciales.
El conflicto armado ha terminado. Las partes (el Gobierno de Colombia y las FARC) han anunciado el cese definitivo de hostilidades. Podemos afirmar que hoy día Colombia ya vive en paz, pero es necesario apoyar decididamente la consolidación de ese valor humano; y por ello hacemos votos desde la Secretaría General de la Comunidad Andina para que Colombia alcance esa paz estable y duradera que tanto anhela y merece.
