De manera episódica, la trata y tráfico de personas emerge para luego desaparecer sin que haya grandes remedios o sanciones ejemplarizadoras para quienes cometen este delito. Esta semana ha vuelto a la agenda noticiosa gracias a un reportaje publicado en Argentina, en el que se revela que el tráfico se dirige a ambos lados de la frontera entre Villazón y La Quiaca.
La primera vez que se denunció la situación en esa frontera fue en 2011, causando el que probablemente haya sido el primer roce entre el entonces Defensor del Pueblo y el Gobierno; el Presidente del Estado exigió que se amplíe la información y ni la Defensoría del Pueblo ni las otras instancias encargadas ofrecieron ampliaciones de información que diesen paso a un trabajo más serio. Entonces se denunció que un menor de edad boliviano podía ser vendido hasta en $us 7.
El reportaje mencionado, del periodista Diego Granda y publicado en el Foro de Periodismo Argentino, recupera esa información (reiterada también en 2013 por la misma fuente: un exservidor de la Defensoría del Pueblo boliviana, erróneamente citado como Defensor del Pueblo en Potosí), pero sobre todo hace énfasis en el hecho de que no solo salen personas víctimas de trata y tráfico desde Bolivia hacia el vecino del sur, sino también en la dirección contraria. La investigación periodística ofrece datos y testimonios de personas que buscan a sus seres queridos a este lado de la frontera o ya tuvieron la dicha de recuperarlos.
Las declaraciones de dos fuentes citadas por el periodista argentino permiten comprender la gravedad del asunto y la urgencia de actuar para cambiar el estado de cosas. La primera de ellas es la excónsul argentina en Potosí Reina Sotillo. Según el reportaje, “desde que llegó a su misión diplomática, (Sotillo) se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de 2.000 menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión”.
La segunda fuente confirma el preocupante dato de los cientos de personas que son trasladadas ilegalmente de un lado al otro de la frontera. Se trata de la directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Villazón, quien reveló al periodista que solo en 2015 se recibieron 387 denuncias de personas desaparecidas; en el reportaje se señala que esta autoridad “considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina como boliviana”.
Hay, pues, una situación que merece mucho más que una aproximación frívola que pone en cuestión los méritos de quien hace la denuncia. En este caso hay nueva evidencia de que el crimen organizado opera en la frontera con Argentina, y el Estado tiene el deber de actuar para ponerle freno a este delito de lesa humanidad.
