La libertad de decidir sobre aspectos que tienen que ver con tu propia vida se entiende generalmente como una obviedad y un derecho de cada persona. En ese sentido, la decisión de ser o no ser madre debiera ser obviamente una decisión y un derecho de cada mujer. Convertirte en madre de ninguna manera debe ser un deber o un destino obligatorio. Para ello, las mujeres deben tener acceso a toda la información y recursos que les permitan ejercer su derecho a ser madre o no serlo.
Seguir o no con un embarazo que, debido a diversas circunstancias posibles, no fue planificado o deseado debe ser una decisión a respetar por la sociedad en general. Por lo tanto, todos los Estados deberían garantizar la libertad de las mujeres a decidir frente a un embarazo no deseado, sin condicionar dichas decisiones y menos penalizarlas. Son las mujeres quienes, con base en su propia conciencia, experiencias y circunstancias, deben decidir continuar o no.
La libertad de conciencia es un derecho que los Estados deben garantizar sin discriminación de ningún tipo.
Si una mujer opta por continuar el embarazo, los Estados deben brindar los servicios necesarios para que su gestación se desarrolle en condiciones saludables. De la misma manera si opta por la interrupción, los Estados deben proporcionar todos los servicios e insumos para que dicho procedimiento se dé en las mejores condiciones.
La penalización de las decisiones de las mujeres cuando deciden no continuar con el embarazo trae como consecuencia los abortos inseguros, es decir, practicados en malas condiciones y/o por personas no capacitadas, lo cual es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública.
Se estima que en el mundo cada año se producen 22 millones de abortos inseguros debido a su penalización, y casi todos (98%) se producen en países en vías de desarrollo. Estos abortos inseguros producen aproximadamente 47.000 muertes de mujeres y dejan a 5 millones con incapacidades como resultado de las complicaciones que traen (OMS, 2012). En América Latina y el Caribe cerca de un millón de mujeres son hospitalizadas cada año por consecuencias de abortos inseguros (Guttmacher Institute, 2012).
Frente a esta situación, en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 1990, las feministas presentes decidieron declarar el 28 de septiembre Día por la Despenalización del Aborto, y declararse en campaña y lucha permanente para que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y acceder a abortos seguros. Esta lucha cumple 20 años en Bolivia, como una causa que busca que el Estado y la sociedad preste atención a este problema de salud pública, que es además un problema de justicia social, pues los abortos inseguros afectan sobre todo a mujeres con menos recursos económicos que son las que ven limitado su acceso a servicios médicos de calidad.
En Bolivia, la cifra de muerte materna es una de las más altas de Latinoamérica (160 por 100.000 nacidos vivos) y el aborto es la tercera causa directa (13% de las muertes), lo que reafirma que este es un tema pendiente de atender. Si bien en el país el aborto inducido no está penado en algunas circunstancias (cuando el embarazo pone en riesgo la salud o cuando es producto de violación, incesto o estupro), el acceso a esta práctica todavía no es el adecuado y hay otras circunstancias en las cuales las mujeres requieren también que su derecho a decidir sea respetado.
Decidir es derecho de todas, no solo de quienes cuentan con recursos económicos, sino de todas las mujeres sin ningún tipo de discriminación. Esto es fundamental para el ejercicio de una ciudadanía plena en igualdad real.
