Como es usual en estas fechas, el Fondo Monetario Internacional ha publicado su informe “Perspectivas de la Economía Mundial”, que incluye una apreciación general del estado de la economía mundial, así como una batería de indicadores que caracterizan la situación de las diferentes zonas económicas y de los países que las componen. De eso parece que los observadores y las autoridades bolivianas solo han reparado en el cuadro que contiene las proyecciones del crecimiento de Bolivia de 3,7% en 2016 y 3,9% en 2017. Esto se explica en parte porque tales cifras contrastan con las expectativas alentadas por la información oficial sobre la materia, al calor del debate sobre el pago del doble aguinaldo de este año.
Lo que importa en todo caso es que en unos días más el INE dará a conocer su estimación oficial de la tasa de crecimiento del PIB en 2016. Se pueden anticipar las reacciones consiguientes de parte de los asalariados y los empleadores formales del país, que ya se han pronunciado en las semanas pasadas. Sin menoscabo de lo que ya he sostenido en anteriores oportunidades, considero que se pueden plantear todavía algunas consideraciones complementarias sobre este asunto, partiendo de que el doble aguinaldo implica en los hechos un aumento generalizado del 7,1% para todos los asalariados, en calidad de premio por su supuesto aporte al crecimiento agregado del PIB. En las condiciones económicas vigentes eso traerá consigo un evidente deterioro de la calidad del empleo sin contraparte de un incremento de la productividad. Sobre eso ya se ha dicho bastante.
Pretendo, en cambio, poner sobre la mesa de debate que la calificación del desempeño de una economía en el contexto de una recesión cíclica global de larga duración requiere que se incluyan en el cuadro de análisis otros indicadores y estimaciones cuantitativas, que la tasa de crecimiento del PIB no contempla. Es conocida la argumentación sobre las insuficiencias del PIB para dar cuenta de la situación económica en general y de sus diferentes manifestaciones en cuanto al bienestar real de la gente, la equidad en la distribución del ingreso, la formación de capital humano, los grados de satisfacción laboral, así como la pauta de uso de los recursos naturales.
Un análisis de tales características tendría que cotejarse, además, con las circunstancias prevalecientes en el contexto internacional, donde impera una notoria debilidad de la demanda global, escasa probabilidad de que aumenten los precios internacionales de las materias primas y una preocupante tendencia a la fragmentación y la aplicación de todo tipo de medidas proteccionistas por parte de algunas economías industriales relevantes.
En tales condiciones adversas de nuestro entorno económico, que no cambiarán a corto plazo, resulta imprescindible cambiar el orden de prioridades de la política económica con miras a proteger el empleo; apoyar de manera efectiva a las actividades económicas que están siendo afectadas por el impacto externo o por la sequía, y promover la inversión privada reproductiva, al mismo tiempo que se gestiona una trayectoria de equilibrios macroeconómicos dinámicos.
El primer objetivo de la gestión económica tendría que apuntar a mejorar sustancialmente la calidad del crecimiento, como soporte básico de un genuino de-sarrollo humano sostenible. Lejos de guiarse por las presiones sectoriales, la asignación de recursos, incentivos y estímulos debería responder a un catálogo racional de prioridades establecido a partir de las contribuciones a la mejora de la calidad del empleo, la profundización de los eslabonamientos entre sectores y el aumento del procesamiento de insumos nacionales; todo lo cual necesita por cierto garantizar la calidad de las inversiones públicas y privadas, asunto que por de pronto deja mucho que desear en el país.
