Son muchas las complicaciones que produce el creciente parque automotor en la vida urbana, y sin embargo parece que fuese tan necesario como inevitable el incremento de vehículos circulando en las calles transportando personas y bienes. Una de esas complicaciones, que hasta ahora solo produce conflictos, es la de encontrar un lugar para estacionar tantos vehículos.
La reciente experiencia de secuestrar con una grúa los vehículos estacionados en sitios prohibidos pareció dar frutos en sus primeros días, pero con el paso del tiempo parece estar perdiendo efectividad. Esta iniciativa nos recordó dos conflictos latentes: en primer lugar, que el Organismo Operativo de Tránsito, de la Policía Nacional, tiene el control de los sitios de estacionamiento prohibido como fuente de recaudación, a través de multas a quienes contravienen la norma. El Gobierno Municipal, al ejercer sus atribuciones constitucionales pone en riesgo ese ingreso de la repartición policial.
En segundo lugar, el modo en que está organizado el uso de las vías, donde prácticamente no hay calles con espacio disponible para estacionar, pone en conflicto al ciudadano con la ley. Impedido de encontrar estacionamiento libre, el ciudadano se arriesga a ser multado, o cuando menos a merecer una incómoda pegatina en el parabrisas denunciando su carácter de “infractor”. El riesgo es menos temible por cuanto la escasa capacidad del Gobierno Municipal para estas tareas (la Guardia Municipal es todavía pequeña) sumada a la lenidad de los efectivos de Tránsito a la hora de controlar o no y de qué manera, merma la fuerza de ley y, con el tiempo, el respeto que el ciudadano pueda sentir hacia ella.
Precisamente por esta creciente inobservancia de la norma, conductores y peatones viven en conflicto en todas las calles y avenidas, sobre todo porque los primeros tienden a desconocer los derechos de los segundos. Ejemplos hay muchos, pero para el caso que se comenta es buen ejemplo el arraigado hábito de estacionar sobre las veredas. Las infracciones de los peatones son múltiples, pero están menos codificadas, y la educación vial solo parece funcionar en presencia de las emblemáticas cebras. Enunciar soluciones es tarea de expertos, pero bien vale considerar la experiencia de otras urbes. Por ejemplo se puede pensar en utilizar gran parte de los espacios hoy delimitados como prohibidos como estacionamientos pagados, convirtiéndolos en fuente de recaudación a través de una suerte de tasa, que hace más de tres décadas se cobraba a través de parquímetros.
Experimentar una solución en la que el Gobierno Municipal recupera y ejerce sus competencias sobre las vías públicas seguramente provocará nuevos conflictos, algunos agudos; sin embargo, a la larga podría transformar en gran medida la alicaída cultura ciudadana, especialmente en lo referido a la relación entre conductores de automóviles y peatones.
