Entre otras medidas, el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, promulgado en julio de 2014, establece un tipo de justicia (restaurativa) para los jóvenes y adolescentes que cometan algún delito distinta a la que se aplica a los adultos (punitiva). Si bien esta determinación aún no se ha materializado, se están asumiendo algunas acciones para avanzar en tal sentido.
Por ejemplo, la organización internacional Save The Children está impulsando capacitaciones para que los operadores de justicia del país cuenten con las herramientas necesarias para poner en práctica la nueva visión de justicia restaurativa contemplada en la Ley 548 para los infractores de entre 14 y 18 años. Asimismo, se han estado organizando seminarios y talleres con el mismo propósito en diferentes regiones del país auspiciados por la Unión Europea.
Respecto a esta innovadora perspectiva judicial, según explican los expertos, en la justicia restaurativa, a diferencia de lo que ocurre con la justicia penal convencional, el crimen más que una infracción contra una norma jurídica es entendido como un daño en contra de una o varias personas y en contra de las relaciones interpersonales. De allí que los infractores, antes que ser castigados y marginados de la sociedad, deben responsabilizarse por sus acciones, reparando en la medida de lo posible el daño cometido. Y en este proceso se debe incluir no solo al agresor, sino también a la víctima y la comunidad, con el propósito último de llegar a la reconciliación y a la reintegración de los infractores.
En otras palabras, se busca pasar de una sanción que culpabiliza y castiga a los agresores, por medio de un proceso protagonizado por la ley, los jueces, fiscales y abogados, a un sistema que responsabilice a los infractores por los daños causados, apostando por la reparación y la reconciliación, poniendo énfasis en el futuro y no en un hecho cometido en el pasado que perdura en el presente (como ocurre en la actualidad), involucrando en este proceso al victimario, a las víctimas y a la comunidad en general.
Adicionalmente se apuesta por el futuro de los infractores, por medio de una formación técnica que les permita generar recursos una vez que salgan en libertad, así como también en el área de humanidades. Por otra parte también se invierte en la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, procurando que sea el último recurso a emplearse.
Habida cuenta de la gran cantidad de adolescentes de entre 14 y 18 años privados de libertad en el país (1.271, según estimaciones del Viceministerio de Justicia), quienes deben afrontar cotidianamente situaciones de violencia y abusos de toda laya en los penales y cuyo derecho a un proceso pronto y oportuno generalmente es vulnerado, es de esperar que la justicia restaurativa para este sector se materialice cuanto antes, tal como manda la Ley 548.
