La Paz se vio una vez más entorpecida, y para colmo en el día de su aniversario, por el bloqueo de calles y avenidas protagonizado por los choferes del transporte de pasajeros, en demanda del 50% de descuento en el impuesto a la propiedad de sus vehículos comprometido por la Alcaldía, siempre y cuando mejoren el servicio que prestan; mejora que sin embargo no se ha materializado.
La protesta social es una forma legítima de reclamo ante determinaciones o acciones ejecutadas por instituciones o autoridades que vulneran algún derecho ciudadano, o ante la ausencia de políticas que garanticen derechos humanos fundamentales. En cuanto al paro y el bloqueo de calles perpetrado ayer por los choferes sindicalizados, cabe preguntarse qué derecho se les está vulnerando. La respuesta es, a todas luces, ninguno. Al contrario, son ellos quienes han vulnerado varios derechos de la ciudadanía, como el de poder circular sin restricciones y así poder cumplir con sus responsabilidades. Tal parece que vivimos en un mundo que está de cabeza, en el que los agresores son las víctimas, y sus herramientas de trabajo, armas de cuatro ruedas utilizadas ya no para brindar un servicio, sino, amedrentar a la población.
Lo verdaderamente legítimo es el derecho de contar con un servicio de transporte público digno, con vehículos en buen estado y choferes que respeten a los pasajeros, quienes les permiten pagar el pan de cada día. Son muy pocos los países que permiten la circulación de motorizados en tan mal estado, y menos aún, un trato tan displicente y arbitrario como el que brindan los choferes a la ciudadanía. También es legítimo reclamar por vehículos que brinden a los pasajeros al menos seguridad y no se incendien en el camino; por automóviles acondicionados que faciliten el viaje de quienes tienen capacidades diferentes; por un trato educado para niños y ancianos y para que se elimine el “quinto pasajero” en los trufis. Es igualmente legítimo protestar y sancionar por la forma temeraria cómo nos conducen hacia nuestros destinos, más aún tomando en cuenta que debido a esta irresponsabilidad el destino final de no pocos pasajeros ha sido una clínica o un cementerio; así como por el cambio de un parque automotor cuya edad promedio supera los 20 años y que ni siquiera es sometido a revisiones técnicas serias por parte de las autoridades competentes. ¿Quiénes, entonces, deberían estar en las calles protestando y reclamando?
Viene siendo hora de poner un alto a esta realidad kafkiana, de tal manera que los reclamos (o desventuras) se traduzcan en acciones concretas de parte de las autoridades, nacionales y municipales, responsables de velar por los derechos de los consumidores, a fin de que cambien de una buena vez las deplorables condiciones del servicio de transporte público; y no solo en la sede de gobierno, sino en todo el país.
