El crecimiento económico está determinado por una infinidad de factores, algunos todavía en debate, por lo cual resulta muy difícil mencionarlos todos en unas pocas líneas. Sin embargo, existe un amplio consenso sobre el hecho de que el entorno en el que se desarrollan las actividades económicas es determinante.
Cuando hablamos de un entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles es importante recordar las recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2007, en la que en forma tripartita se identificaron 17 condiciones que debe reunir un entorno de negocios para que el sector empresarial pueda crecer y desarrollarse, las cuales pueden ser agrupadas en cuatro contextos: económico, ambiental, social y político institucional.
Estos “pilares”, que se interrelacionan y refuerzan mutuamente, potencian el impacto positivo que la actividad empresarial produce en la sociedad. Los mismos hacen referencia a la paz y seguridad jurídica, buena gobernanza, respeto por el sistema democrático y los derechos humanos, promoción de la cultura empresarial, educación de calidad, justicia social, políticas macroeconómicas acertadas, acceso a los mercados, reglas claras y libre competencia, honestidad, diálogo social, respeto por el derecho de propiedad, gestión responsable del medio ambiente, acceso a infraestructura adecuada, servicios financieros disponibles, etc.
Más allá del esfuerzo que realizan los países latinoamericanos para fortalecer o mejorar los mencionados pilares, buena parte siguen estando en niveles lejanos de lo que podría considerarse óptimo, o al menos razonable. Las causas de ello también son múltiples, pero podrían resumirse en la incapacidad de las sociedades para llevar adelante proyectos nacionales que se plasman cada cierto tiempo en los planes de gobierno. Muchas veces, el principal motivo de ello es que el punto de partida de los planes se sustenta en bases poco firmes, ya sea porque no han sido identificados los verdaderos problemas que motivan el bajo desarrollo en forma adecuada, o porque se plantean soluciones que no contemplaron a los actores directamente involucrados con las mismas.
No considerar a los agentes sociales, quienes pueden tener una visión diferente sobre cuáles son los problemas y las posibles soluciones para crear un mejor entorno de negocios, es un obstáculo que separa a los países del desarrollo. Por ello debe apelarse al diálogo social constructivo, centrado en identificar áreas de oportunidad y en diseñar e implementar las estrategias que promueven los cambios deseados en el entorno de negocios.
En América Latina, el 87% de la población empleada trabaja en el sector privado, como asalariado, trabajador independiente o patrón. Si pretendemos que nuestros países logren para sus habitantes niveles superiores de calidad de vida, es indispensable que el principal creador de riqueza y oportunidades de empleo genuino, la empresa, cuente con las condiciones apropiadas para poder hacerlo.
La importancia del diálogo queda en evidencia cuando, por no interactuar con los agentes económicos tal como se menciona precedentemente, los gobiernos terminan elaborando políticas públicas que no son aplicables o los resultados de su implementación no muestran beneficio alguno, alejando aún más a la nación de la prosperidad.
Como se menciona en el último reporte sobre el Entorno de negocios en América Latina de la OIT, el diálogo social “requiere de una verdadera y genuina cultura de confianza y disposición a llegar a acuerdos por parte de los trabajadores, empleadores y gobiernos”. No se trata de suplir al Estado, sino de asesorarlo sobre cómo conformar mejores estrategias para el crecimiento desde la perspectiva de los propios actores.
