Días atrás, un señor fue internado en una de las más prestigiosas clínicas privadas de Cochabamba para una cirugía de hernia inguinal, operación que es considerada simple y sin riesgos. En la clínica se contagió de una infección pulmonar. Los médicos desfilaron por su cama, uno de ellos dijo que el paciente tenía meningitis, al día siguiente cambió su diagnóstico y dijo que era tuberculosis. En la operación de hernia participaron varios médicos, incluyendo un ginecólogo. Todos pasaron sus facturas. Finalmente, fue entubado, algo que se desaconseja hacer en casos de infección pulmonar. Al cabo de 20 días, los médicos le dieron de alta, le cobraron 26.000 dólares, y a los tres días falleció en su domicilio. El médico que lo vio una noche antes no pudo explicar la causa de su deceso. Meses antes, a una dama le pasaron una factura de $us 70.000 dólares y, al igual que en el caso anterior, murió a los pocos días de salir de la clínica.
Hace un par de años, una señora fue internada en una de las más prestigiosas clínicas de Santa Cruz para una cirugía de mama. Allá le contagiaron una peligrosa y letal bacteria llamada ‘pseudomona’. A la dama le pasaron una factura millonaria y la mandaron a su casa. Sufrió muchísimo durante varios meses hasta que falleció. La clínica se desentendió del asunto.
Hace pocos días, una joven adolescente se sometió a una cirugía estética en una clínica en Santa Cruz donde terminó su vida. La clínica dice que no tiene ninguna responsabilidad sobre ese hecho, pues se limita a alquilar sus instalaciones a los médicos. Varios casos se dieron en que intervenciones por motivos estéticos terminaron con la muerte.
No existe el marco legal e institucional para que las víctimas de la mala praxis médica y de la especulación económica reclamen justicia. Alguna gente ha intentado hacerlo en los tribunales sin resultado alguno.
Teniendo en cuenta la gravedad del problema, corresponde que Bolivia se dote de una institucionalidad que ponga coto a la mala praxis médica y a la especulación económica en los servicios de salud. Además de la preocupación por el sufrimiento humano, la regulación de este sector se justifica por la teoría económica con dos argumentos: la asimetría de información y el mercado imperfecto. Por asimetría de información se entiende que el demandante del servicio (paciente) ignora la información que dispone el oferente (médico o clínica) y que en consecuencia puede ser víctima de un mal diagnóstico o de una mala atención. El mercado de servicios de salud es imperfecto, pues el demandante se enfrenta a una oferta restringida por la urgencia de una atención, por desconocimiento de las diferentes alternativas de servicio o por la existencia de monopolios u oligopolios en algunas especialidades. La preocupación por la salud de la gente, el deseo de evitar prácticas especulativas cercanas a la estafa y la argumentación de teoría económica deberían ser suficientes para que la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo pongan en marcha un sistema regulatorio de los servicios de salud y se cree un ente regulatorio para su cumplimiento. La regulación debe incluir el control de la calidad de los servicios, la fijación de precios y tarifas máximas y abrir la posibilidad de dispensar justicia cuando sea necesario.
