Mientras en el estado de California, la sexta economía del mundo si no formase parte de EEUU, da los últimos pasos para aprobar el uso recreativo de la marihuana, en el país días atrás un hombre fue sentenciado a ocho años de prisión tras haber sido sorprendido por efectivos de la FELCN con 21 gramos de cannabis. Si bien en esta dura condena ha influido el hecho de que José A. tenía antecedentes por narcotráfico, tal determinación no deja de ser aleccionadora a la hora de apreciar que, mientras en otras regiones se ha decidido encarar el tráfico de estupefacientes de origen natural como la marihuana de manera innovadora, en Bolivia todavía no se termina de entender que es mucho más efectivo, en términos de política pública, tratar las adicciones como un problema de salud pública antes que como un delito.
Viene siendo hora de que, tal como ocurrió años atrás en Uruguay así como en varias otras naciones, se comience a debatir seriamente sobre las implicancias científicas (intensidad del daño y ventajas medicinales), éticas (libre desarrollo de la personalidad), económicas (relación costo-beneficio de la prohibición de la represión) y sociales (vidas y familias truncadas por unos cuantos gramos de cannabis) de legalizar la producción, comercialización y el consumo de marihuana en el país.
