Durante los últimos días, la Aduana realizó varios operativos contra el contrabando en diversas poblaciones de Oruro, a fin de incautar mercadería procedente de puertos chilenos; cuyas autoridades, dicho sea de paso, paradójicamente se muestran muy eficientes al permitir el paso de estos comerciantes hacia Bolivia, al contrario de lo que sucede con el comercio legal boliviano.
Si bien estas acciones contra los contrabandistas son una clara muestra de la voluntad por erradicar este flagelo económico, no son suficientes, porque los resultados obtenidos se redujeron a la incautación de muchos bultos de ropa usada y una gran cantidad de televisores dañados. Eso sí, con una severa advertencia respecto al inicio de procesos penales contra algunas autoridades municipales y originarias por encubrimiento.
En cuanto a la lucha contra las redes de contrabandistas, para mayor efectividad sería deseable que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) emprenda una serie de acciones adicionales a la interdicción, como la persuasión con el fortalecimiento de las fuerzas de operación, la aplicación de medidas de control financiero que eviten la legitimación de ganancias de dudosa procedencia, y la restricción de algunos regímenes tributarios en los que se camuflan los facinerosos del comercio ilegal. La combinación de estos tres factores podría contribuir grandemente en la lucha contra el contrabando.
Y es que solamente en la medida en que la ANB y las otras fuerzas de apoyo logístico como la Policía y las FFAA cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para contener el contrabando se registrarán resultados positivos en esta cruzada; ya que, hoy por hoy, estos delincuentes tienen mayores recursos y una mejor logística que las fuerzas del orden.
Por otro lado, si bien el inicio de investigaciones financieras de cuentas y fortunas de personas presuntamente vinculadas con el contrabando podría generar alguna que otra polémica, dada la magnitud del problema, sería deseable que algunos jueces y fiscales orienten sus esfuerzos en imputar a ciertos elementos (ya conocidos, por cierto) que cotidianamente realizan transacciones para legalizar las utilidades emergentes de su ilícita actividad, y a la vez les obliguen a declarar el origen de sus recursos y fortunas. Para tal efecto no hace falta movilizar hasta la frontera a helicópteros, drones y efectivos de las fuerzas del orden cuando los rufianes, su mercadería y sus cuentas bancarias se encuentran a pocas cuadras de las oficinas de la ANB. Finalmente, la eliminación del Régimen Simplificado Tributario permitiría eliminar el camuflaje que actualmente emplean los grandes contrabandistas.
Las medidas antes señaladas, además de la persecución en campo, son condición necesaria para tener éxito en la lucha contra el contrabando, que por ahora se encuentra impune e indómito.
