En tan solo una semana, del 17 al 24 de noviembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico decomisó seis toneladas de marihuana y otras tres toneladas de pasta base, clorhidrato de cocaína y otros estupefacientes. Ello fue posible gracias a varios operativos ejecutados en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, así como en regiones fronterizas con Brasil; en los que 28 personas fueron aprehendidas, ocho de ellos de origen extranjero. Además se destruyeron 23 “fábricas” de cocaína.
Estos datos deberían ser leídos como señales de alerta respecto al avance del narcotráfico en el país, un mal que llega acompañado siempre de terribles males para la sociedad: asesinatos, violaciones, corrupción generalizada, crisis institucional y, por último, desestructuración del tejido social. De allí la importancia de redoblar esfuerzos para combatir la cadena del tráfico de drogas en todas sus etapas, con soluciones que combinen el rigor de la ley con la promoción de alternativas viables para el desarrollo de la población, y en especial de los sectores más vulnerables.
De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de caer a merced de las organizaciones criminales como en México, en donde los cárteles han logrado amedrentar a la sociedad y corromper a autoridades de todos los niveles para poder operar en la impunidad.
