El jueves pasado se firmó en Colombia una nueva versión del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta vez el acuerdo, que incorpora al menos el 80% de las sugerencias de los opositores, debe ser refrendado en el Congreso, donde afrontará el rechazo del expresidente y senador Álvaro Uribe y sus adherentes.
En efecto, 40 días después del referéndum en el que el No obtuvo una mayoría de 53.000 votos, los negociadores presentaron y firmaron en Bogotá un nuevo acuerdo que contiene numerosas modificaciones sugeridas por los opositores al documento original, entre ellas que el acuerdo no será anexado a la Constitución; que se pone un límite de 10 años a la justicia transicional, que será administrada por fiscales colombianos y no extranjeros; que cambian los términos para procesar el narcotráfico como crimen conexo; y que obliga a la guerrilla a inventariar sus bienes, que servirán para reparar víctimas; y entregar una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos. Lo que no cambió, y es la principal objeción de los opositores, es el permitir a los guerrilleros participar en la política formal como candidatos en elecciones. El presidente Juan Manuel Santos explicó que “las FARC, como un partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político; serán los colombianos quienes, con el voto, lo apoyarán o rechazarán”.
El trámite congresal, que según el Presidente colombiano debería tardar una semana, para luego dar paso a la desmovilización de los guerrilleros e iniciar la entrega de sus armas a la ONU, será apenas el primero de los retos que deberá superar el acuerdo. Marta Ruiz, periodista de la revista Semana, señaló otros dos desafíos que deberá superar el Mandatario: mostrar resultados pronto y, sobre todo, “mantener un diálogo político con diversos sectores sociales que se sintieron excluidos en el proceso de paz, particularmente las élites locales y emergentes, reticentes a un pacto con la guerrilla y tolerantes con formas de violencia paramilitar”.
Esto último es de particular importancia en un momento en que la sociedad colombiana está polarizada y en un país donde terratenientes, comerciantes e industriales están dispuestos a defender lo que tienen por cualquier medio; y en el que políticos y periodistas han demostrado tener la influencia necesaria para seguir difundiendo propaganda, a menudo mentirosa, en contra de los términos en que se acordó la paz; a ellos se suman numerosas iglesias, que rechazan el acuerdo porque supuestamente pone en riesgo el concepto de familia solo por incorporar el enfoque de género.
Es, pues, una nueva y valiosa oportunidad para la tan ansiada paz en Colombia desde hace medio siglo, que sin embargo tiene al frente a medio país convencido de que, pese a los evidentes beneficios del acuerdo, ese no es el camino para lidiar con la historia.
