En los últimos tres años el mercado del petróleo, uno de los más sensibles ante las acciones o anuncios que ejecutan los países productores, ha experimentado alzas y sobre todo bajas en los precios, haciendo que su predictibilidad sea una labor de esoterismo más que resultado de un análisis técnico fundamentado en certezas como inversiones o exploración de campos.
Este contexto ciertamente no es el más favorable para los intereses del país, puesto que en este mismo periodo, los ingresos provenientes por la exportación del gas, que están indexados al precio del barril de crudo, sufrieron una contracción cercana al 50% respecto a los niveles registrados en 2013, con efectos directos en los presupuestos del Gobierno nacional, gobernaciones, municipalidades y universidades.
Ante esta permanente volatilidad de precios, y también de anuncios, provenientes de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), por un lado; y de la nueva administración gubernamental estadounidense, que estará encabezada por Donald Trump, por otro, lo prudente sería planificar la gestión de comercialización de las exportaciones del gas en al menos tres escenarios. El primero podría registrar un recorte de la producción mundial de crudo. El segundo, una mayor actividad de exploración y explotación petrolera de parte de Estados Unidos; y el tercero en el que se mantengan los niveles de producción actuales.
Si los países miembros de la OPEP deciden recortar la producción de petróleo, el precio del barril podría oscilar entre los 50 y 70 dólares, y con ello, los ingresos fiscales nacionales por concepto de renta petrolera se mantendrían en las actuales cifras con una tendencia al alza, pero sin superar el umbral de los montos récord de 2013.
Si el nuevo gobierno de EEUU materializa su anuncio de promover la producción de mayores cantidades de gas y petróleo, la cotización del crudo podría situarse por debajo de los $us 50 el barril, e incluso llegar a bordear los $us 40. En este escenario, los ingresos del país por la venta de gas se reducirían. Finalmente, si la situación permanece inalterable, el precio de $us 50 por barril se anclaría por un buen tiempo. Y con ello, los montos recibidos por la exportación del carburante serían similares a los actuales hasta 2019, año en el que se renegociarán los nuevos precios de venta con Brasil (país que por cierto ha anunciado una menor demanda del gas boliviano).
Independientemente de cuál de los escenarios descritos sea el que prevalezca en el futuro, todo indica que los ingresos provenientes de la explotación del gas no van a registrar incrementos significativos en los próximos años. Por tanto, las autoridades nacionales, departamentales y municipales están obligadas a ejecutar estrategias alternativas para obtener recursos en otros rubros, con la mayor celeridad posible.
