No pasa un día sin que aparezcan nuevas quejas sobre la lentitud y corrupción en el sistema de justicia. Al mismo tiempo, casi todos los eventos políticos o sucesos de impacto acaban siendo “judicializados”. El desabastecimiento de agua en La Paz y el caso de la aerolínea LaMia ya se unieron a la larga lista de “escándalos” que el Órgano Judicial debe dilucidar.
Como suele ser costumbre, ello se ha producido en medio del habitual festival de “revelaciones”, verdaderas y falsas contradicciones, “dimes y diretes” en medios y redes sociales, e incapacidad de los entes públicos de brindar información clara y oportuna. Desinformación y desorden que los funcionarios judiciales y sus procedimientos rara vez ayudan a despejar. Es cansador contabilizar los casos que han seguido una parecida y lamentable trayectoria en estos años: escándalo, morbo mediático, judicialización, aún más morbo, confusión y olvido. Tal parece que estamos atrapados en una paradoja: se busca afanosamente a la justicia para aclarar todo tipo de controversias sabiendo de antemano que es la vía más tortuosa para lograrlo.
Esta observación no apunta a que no se diluciden todas las responsabilidades en eventos que han afectado gravemente a los ciudadanos. Esto debe hacerse y es crucial para la salud de la democracia. Pero, por esa misma razón, si se hace mal, es aún más dañino para la credibilidad de las instituciones. Las disfunciones que se han visto en muchos de estos procesos judiciales no solo no han aclarado los hechos, sino que los han confundido todavía más, haciendo difícil distinguir las responsabilidades de unos y otros. Al final, las personas solo pueden hacerse una opinión a partir de sus prejuicios políticos y personales, y no con base en hechos objetivos. Esto es la antítesis de la Justicia y está erosionando la convivencia cívica en el país.
Como ya se comentó el miércoles en este mismo espacio, solo queda solicitar una acción responsable, eficaz y transparente de los operadores de justicia. Pero también es tiempo de encontrar mecanismos para que los procesos emblemáticos se resuelvan oportunamente. Es inadmisible, por ejemplo, que en varios de ellos se realicen audiencias solo una vez al mes o que estén a cargo de fiscales y jueces que manejan cientos de otros casos.
Este panorama es también un llamado de atención a toda la sociedad, que tiende a privilegiar la búsqueda de culpables y la punición cuando se producen hechos anormales, dejando de lado la discusión de los problemas estructurales que los han producido. Se reclama “institucionalidad”, pero al mismo tiempo se fomenta la creencia de que todo lo que pasa en el país depende únicamente de la voluntad de las personas, a las que se debe odiar o amar sin matices. Eso solo nos lleva a seguir repitiendo los errores y a usar la justicia como un taparrabos de nuestras disfunciones estructurales.
